No lo quieren. La Organización Nacional de Familiares de las Víctimas de las protestas 2022-2023 emitió un duro pronunciamiento rechazando lel nombramiento de Tomás Aladino Gálvez como fiscal de la Nación. En su comunicado, advierten al país y a la comunidad internacional lo que esta designacion significa para los deudos y familiares de las víctimas de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.
En el texto, los familiares califican la decisión como una “provocación contra las víctimas” y una “burla” frente a las demandas de justicia. La organización sostiene que el nombramiento no es un mero formalismo, sino parte de un proceso más amplio busca garantizar impunidad.
“No estamos ante un simple nombramiento. Estamos ante un nuevo paso en el copamiento mafioso de las instituciones del país, ejecutado para garantizar impunidad a los responsables políticos de las masacres, a los corruptos y a los que hoy han convertido el Estado en botín”, señala una parte del mensaje.
El pronunciamiento también advierte que esta designación afecta directamente la confianza en el sistema de justicia. Para los firmantes, colocar a Gálvez al frente del Ministerio Público representa un mensaje negativo para quienes exigen esclarecimiento de los hechos ocurridos entre 2022 y 2023.
Denuncian impunidad y cuestionan legitimidad del Ministerio Público
En su comunicado, los familiares también cuestionan la legitimidad de la designación. Afirman que la decisión está rodeada de dudas sobre la idoneidad del magistrado y alertan sobre un supuesto intento de captura de instituciones.
La organización menciona directamente a Fuerza Popular, Perú Libre,Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú, Podemos Perú, Renovación Popular y Avanza País como parte de un “pacto” que busca proteger intereses y evitar investigaciones. En ese contexto, advierten que la Fiscalía no debería quedar bajo una conducción que genere desconfianza.
También recuerdan que en estos años, las investigaciones han estado marcada por demoras, encubrimiento y falta de atención. En ese sentido, consideran que el nuevo escenario podría profundizar esa situación.
En la parte final del pronunciamiento, los familiares exigen la revisión inmediata de la designación, la conducción independiente del Ministerio Público y garantías para que continúen las investigaciones por las muertes en protestas. El mensaje es directo: no permitirán que los casos queden en el olvido ni que se debilite la búsqueda de justicia.
Gálvez disuelve equipos especiales del Ministerio Público
Las críticas a Tomás Aladino Gálvez no son aisladas. Cuando estuvo al frente de la institución, como fiscal de la Nación interino, adoptó una de sus decisiones más cuestionadas: la disolución de varios equipos especiales encargados de investigaciones emblemáticas.
A través de resoluciones oficiales, se confirmó la desactivación de los equipos Lava Jato, Cuellos Blancos, Eficcop y el grupo que investigaba las muertes durante las protestas (Eficavip). La medida ya había sido adelantada por el propio fiscal, quien sostuvo que estos grupos no habían dado resultados.
Incluso, en declaraciones previas, justificó la decisión con frases de tono irónico, señalando que “se bajó a los reyes”, en referencia a los coordinadores de estos equipos. También afirmó que estas estructuras habían generado problemas como encubrimiento, impunidad y persecución.
Según explicó, la reorganización busca unificar la estrategia de persecución penal y fortalecer los subsistemas especializados en delitos como corrupción, lavado de activos y derechos humanos.