Una nueva iniciativa legislativa busca postergar el cumplimiento del retiro de cables en desuso o mal estado en las zonas urbanas del país. Se trata del Proyecto de Ley 13605/2025-CR, que propone extender hasta por dos años adicionales los plazos establecidos en la Ley N° 31595, publicada en 2022 y reglamentada en marzo de 2024.
Según la ley vigente, las empresas de electricidad y telecomunicaciones tenían un máximo de 24 meses, es decir hasta el 13 de marzo de 2026, para retirar el cableado aéreo que afecta la seguridad y el paisaje urbano.
Sin embargo, la nueva propuesta, impulsada por el congresista Jorge Mori Celis, busca que el sector privado disponga de más tiempo antes de ser sancionado. Las multas van desde 5 hasta 20 UIT (tope de 110.000 soles para 2026).
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Proyecto de ley busca ampliar el plazo para el retiro de cables
El predictamen será debatido en la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso este lunes, apenas cuatro días antes de que inicie el régimen sancionador previsto originalmente.
De aprobarse luego en el Pleno, la medida retrasaría la posibilidad de sancionar a las empresas que incumplan la obligación de limpiar los espacios públicos de cables obsoletos, lo que implica que la contaminación visual y los riesgos para los ciudadanos persistirán mucho más allá del plazo original.
La Ley 31595 surgió ante la acumulación crónica de cables en postes y fachadas, un problema que no solo afea el entorno urbano, sino que también representa un riesgo para peatones y trabajadores públicos.
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La superposición de cables de electricidad y telecomunicaciones, muchos de ellos sin titular identificado o pertenecientes a empresas que ya no operan, dificulta la gestión y crea vacíos de responsabilidad. La norma prohíbe además que el costo de retiro se traslade a los usuarios finales, una garantía que busca evitar abusos tarifarios.
Una prórroga que retrasa el régimen sancionador
El predictamen del Proyecto de Ley 13605, que también se encuentra en la Comisión de Energía y Minas, justifica la ampliación alegando la necesidad de ajustes técnicos y una ejecución progresiva y viable.
De acuerdo con la propuesta del congresista Jorge Mori Celis, la obligación de retiro, lejos de ser puntual, debe convertirse en un mecanismo permanente y coordinado, con cronogramas obligatorios, planes anuales y criterios de priorización territorial.
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El texto también incorpora la posibilidad de retirar cables de terceros no identificados sin penalidad, y exige reportar cada retiro en un plazo de cinco días hábiles a las autoridades reguladoras.
Cables en desuso: un problema de gestión y responsabilidad
No obstante, la ampliación de plazos genera críticas desde sectores sociales, ambientales y técnicos. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) advierte que la postergación solo será útil si se acompaña de control digital y criterios de seguimiento claros.
El Ministerio del Ambiente (MINAM) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) insisten en que la fiscalización no debe debilitarse y que la ampliación no puede convertirse en excusa para la inacción.
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En tanto, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) subraya la importancia de la planificación técnica para no afectar la continuidad de los servicios, mientras que asociaciones empresariales sostienen que la magnitud del problema requiere coordinación institucional sostenida.
En la práctica, la propuesta legislativa favorece a las empresas concesionarias y posterga una solución efectiva frente a un problema que afecta la calidad de vida urbana y la seguridad ciudadana.