El Congreso de la República oficializó este martes la destitución de José Jerí como presidente del Congreso y, por sucesión constitucional, como jefe de Estado, cerrando así un ciclo de apenas 130 días al frente del Ejecutivo peruano. La decisión, comunicada mediante un oficio firmado digitalmente por Fernando Rospigliosi, presidente encargado del Parlamento, marca el fin de una gestión marcada por escándalos, investigaciones y una caída acelerada en la aceptación ciudadana.
El documento oficial, emitido el 17 de febrero de 2026, notificó a Jerí sobre la aprobación del texto sustitutorio de siete mociones de Orden del Día que, finalmente, dieron paso a la censura. De acuerdo con el procedimiento constitucional, la vacancia del cargo se declara de inmediato y la Mesa Directiva debe convocar a la elección de un nuevo titular del Congreso, quien asumirá la jefatura del Estado de forma interina hasta el cambio de mando previsto para el 28 de julio.
La caída de Jerí se produjo en el contexto de una de las crisis políticas más graves que atravesó el país en la última década, sumando así el séptimo mandatario que abandona el poder en diez años. La sesión extraordinaria del Pleno, que inició a las 10:00 y se extendió más allá de las 14:20, culminó con la aprobación de la moción de censura: 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones. Previamente, se intentó frenar el proceso mediante una cuestión previa para aplazar la votación y forzar la figura de la vacancia presidencial en marzo, pero la propuesta fue rechazada por la mayoría.
La erosión en el respaldo institucional y ciudadano a Jerí se aceleró en las últimas semanas. Según las encuestas más recientes, la desaprobación del mandatario se disparó veinte puntos porcentuales en solo un mes, llegando al 61% de rechazo según Ipsos y al 70,4% según Imasen. Este desplome coincidió con la difusión de informes que involucraban al jefe de Estado en reuniones no registradas con empresarios chinos, entre ellos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong, así como con denuncias sobre contrataciones irregulares en Palacio de Gobierno a través del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG), un mecanismo reservado para altos perfiles, pero que benefició a personas sin experiencia en el sector público.
La Contraloría General de la República solicitó expedientes y comprobantes de pago de las contrataciones bajo sospecha, mientras la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación preliminar contra quienes resulten responsables de las presuntas irregularidades.
La institucionalidad peruana, golpeada por la inestabilidad y la desconfianza, se enfrenta ahora a un nuevo proceso de sucesión. El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, anunció que la sesión para elegir al nuevo titular del Parlamento —y, por extensión, al próximo jefe de Estado interino— se realizará este miércoles 18 de febrero a las 18:00. El mecanismo de reemplazo está amparado en el artículo 115 de la Constitución Política del Perú, que estipula que, ante la vacancia de la Presidencia, corresponde al titular del Congreso asumir la jefatura del Estado hasta la transmisión de mando.
¿Quiénes son los candidatos a convertirse en el nuevo presidente del Perú?
El Bloque Democrático fue el primero en anunciar como alternativa para encabezar el Parlamento a Edgar Reymundo. Nacido en Arequipa, es sociólogo y abogado, con estudios en la Universidad Nacional del Centro del Perú y la Universidad de San Martín de Porres.
Su carrera política comenzó en la década de 1980, cuando fue elegido regidor y luego alcalde del distrito de Chilca por Izquierda Unida. Posteriormente, participó en diversas contiendas electorales, y entre 2006 y 2011 ejerció como congresista. En 2012 asumió la jefatura de la Superintendencia Nacional de Migraciones. En 2021 volvió al Parlamento, representando a la región Junín.
Otra de las candidaturas oficiales corresponde a Héctor Acuña Peralta, congresista que ha pasado por diferentes bancadas y actualmente integra grupos vinculados a la derecha parlamentaria. Nacido en Cajamarca en 1957, es ingeniero civil y empresario, con estudios en la Universidad Nacional de Cajamarca y una maestría en Dirección y Gestión Empresarial por la Universidad de Piura.
Acuña, hermano del fundador de Alianza para el Progreso, ocupó cargos gerenciales en el sector privado y presidió la Comisión de Cultura en el Congreso. Su trayectoria se ha caracterizado por los constantes cambios de bancada, lo que ha generado cuestionamientos sobre su coherencia política. Además, mantiene intereses empresariales y una deuda fiscal reportada por la Sunat, aunque no registra investigaciones penales abiertas.
La tercera postulación corresponde a María del Carmen Alva Prieto, abogada y militante histórica de Acción Popular. Egresada de la Universidad de Lima y con estudios de posgrado en Gerencia Pública y Seguridad Social, Alva fue presidenta del Congreso durante el periodo 2021-2022.
Durante su gestión como titular del Parlamento, no estuvo exenta de críticas. Algunos de los episodios más recordados son el jalón de brazo a la congresista Isabel Cortez en plena sesión, la vez que le dijo a la alcaldesa de Ocoña “¡están en mi casa!”, y cuando presionó a la parlamentaria Francis Paredes para que cambie su voto; actos percibidos como agresiones que generaron un fuerte rechazo público y mediático.
La cuarta lista lleva como propuesta a José María Balcázar, de Perú Libre. El actual congresista por Perú Libre es un abogado cajamarquino y exmagistrado del Poder Judicial, su trayectoria también está marcada por una serie de polémicas y cuestionamientos éticos. Fue juez titular y, posteriormente, vocal provisional en la Corte Suprema, pero su carrera judicial culminó abruptamente tras un proceso disciplinario que derivó en su destitución por “inconducta funcional grave”.
En el ámbito parlamentario, Balcázar también obtuvo un fuerte rechazo. Mostró abiertamente su defensa al matrimonio infantil. Incluso, afirmó que las “relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer”, declaraciones que generaron el repudio y la condena del Ministerio de la Mujer.