El Gobierno de Perú aprobó un nuevo mecanismo legal que permite la expropiación y liberación de terrenos en bloque para facilitar la ejecución de obras de infraestructura de gran escala.
El Decreto Legislativo Nº 1726, oficializado este miércoles 11 de febrero, introduce un proceso alternativo para adquirir varios inmuebles en un solo procedimiento, con el objetivo de reducir plazos y simplificar los trámites habituales en la adquisición de tierras.
¿Quiénes pueden ser afectados?
La normativa afecta a familias, comerciantes, agricultores y otros ocupantes que tengan derechos o posesión sobre los terrenos incluidos en los bloques definidos para los proyectos.
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Empresas de servicios públicos también pueden verse involucradas si cuentan con instalaciones, bienes o infraestructuras dentro del área a liberar.
Si bien la ley excluye a las áreas de pueblos indígenas en aislamiento y reservas territoriales, sí puede incluir a comunidades indígenas u originarias fuera de estas zonas, de acuerdo con la ubicación de los bloques prediales requeridos.
El proceso contempla la elaboración de padrones de afectados, quienes podrán presentar documentación que acredite su derecho o reclamar por omisiones. Las entidades responsables difundirán la resolución que aprueba cada bloque a través de publicaciones oficiales y avisos en medios regionales.
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Incentivos y compensaciones económicas para entregas voluntarias
El nuevo mecanismo ofrece incentivos económicos para quienes entreguen de manera voluntaria la posesión de sus terrenos y opten por el trato directo. El pago puede alcanzar hasta un 30% adicional sobre el valor comercial del predio.
Los ocupantes o poseedores recibirán compensaciones específicas según se trate de área urbana o rural, incluyendo pagos de entre 3 y 6 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), según el tipo de ocupación y el cumplimiento de los plazos previstos.
“El objetivo es agilizar la disponibilidad de áreas para obras clave, reduciendo la burocracia y ofreciendo compensaciones justas a los afectados”, señala. En caso de edificaciones, plantaciones o mejoras, los pagos se realizarán en dos etapas: una por el terreno y otra por las construcciones existentes.
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Procedimiento y etapas del proceso en bloque
La expropiación en bloque se desarrolla en cinco etapas: determinación del bloque, empadronamiento y calificación de información, aprobación del padrón y tasaciones, liberación de los inmuebles y registro formal en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP).
Las autoridades recopilarán información de municipalidades, registros públicos y entidades estatales. El proceso prevé que los afectados puedan plantear observaciones y, si existe desacuerdo, acceder a vías legales para la defensa de sus intereses o reclamar por pagos indebidos.
Las compensaciones económicas y la entrega anticipada de la posesión están diseñadas para incentivar la colaboración voluntaria de los ocupantes y propietarios, pero la norma también prevé la ejecución coactiva y la expropiación forzosa si no se alcanza un acuerdo.
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Salvaguardias para pueblos indígenas y áreas protegidas
El decreto excluye expresamente las áreas de Reserva Territorial o Indígena habitadas por pueblos en aislamiento o contacto inicial, en cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales de protección.
Por fuera de estas zonas, la norma obliga a las entidades a implementar acciones de gestión social y a garantizar los derechos colectivos de comunidades indígenas durante todas las fases del proceso.
La aplicación de la medida se financiará con el presupuesto de cada entidad responsable, sin requerir recursos adicionales del Tesoro Público. La inscripción de los predios en la SUNARP debe realizarse en un plazo máximo de 15 días hábiles, lo que permite acelerar el inicio de las obras de infraestructura.
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¿Son comunes las expropiaciones en Perú?
En Perú, numerosos proyectos de infraestructura impulsados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) han enfrentado retrasos y paralizaciones por problemas en la expropiación y adquisición de terrenos, conflictos sociales, demoras en el pago de compensaciones y dificultades en la reubicación de familias.
Casos destacados incluyen la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el mejoramiento del Aeropuerto Francisco Carle de Jauja, la Nueva Carretera Central, la Autopista del Sol, así como proyectos agrarios como Majes Siguas II y Chavimochic III.
Además, en Lima Metropolitana, obras públicas como la Línea 2 del Metro de Lima y la ampliación del Metropolitano suelen enfrentar retos similares por la liberación de predios e interferencias, con demoras frecuentes debido a la valoración de terrenos y las negociaciones de compensaciones con propietarios.
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Estas complicaciones han elevado los costos, forzado la intervención del Congreso con leyes específicas para declarar de interés nacional la expropiación de predios y evidencian la necesidad de mejorar los mecanismos de liberación de áreas para avanzar en obras públicas clave.