En plena actividad proselitista en San Juan de Lurigancho, el humorista y candidato presidencial Carlos Álvarez se refirió a temas que hoy concentran la atención pública: la pena de muerte, la franja electoral, la crisis del sistema de salud y la polémica requisa a los expresidentes recluidos en el penal de Barbadillo.
Las recientes imágenes difundidas tras el operativo en Barbadillo donde cumplen prisión Pedro Castillo, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Martín Vizcarra, generaron una fuerte controversia política. Mientras desde el Ejecutivo se respaldó la intervención del INPE, diversas voces denunciaron que se trataría de una “cortina de humo” para desviar la atención de otros cuestionamientos al gobierno de José Jerí. En ese escenario, el candidato presidencial de País para Todos calificó la medida como un “exceso” y planteó dudas sobre la oportunidad del operativo.
Requisa en Barbadillo son “un exceso”

Consultado por la intervención en el penal de Barbadillo, Álvarez sostuvo que las requisas pueden realizarse, pero cuestionó la forma en que se ejecutó el operativo. “Las requisas se pueden hacer, pero llegar a humillar a los expresidentes de esa manera, me parece un exceso. Yo creo que eso no me pareció correcto para nada”, afirmó.
El candidato también deslizó que la medida podría responder a intereses políticos. “Es una coincidencia que han echado esta cortina de humo media extraña, ¿no? Hacer una requisa (…) cuando nunca la han hecho. Me parece bastante extraño (...) De repente es para tapar algunas cosas con sabor a ostión”, declaró, en referencia a la difusión de imágenes y detalles del operativo que revelaron la presencia de televisores, refrigeradoras, radios y otros objetos en las celdas.
El tema se conecta con un clima de tensión política más amplio. En paralelo, Álvarez se refirió a la controversia sobre la franja electoral y el manejo de recursos destinados a la campaña. Defendió el mecanismo como herramienta para equilibrar oportunidades entre partidos grandes y pequeños, pero cuestionó posibles irregularidades en la asignación de fondos.
“Se manipula de esta manera tan onerosa los dineros de los peruanos, de los contribuyentes, y eso no lo puedes permitir”, señaló. Además, planteó que se retome el sistema aplicado en 2016, basado en licitaciones abiertas con medios de comunicación, para evitar direccionamientos. “El dinero de los peruanos, el erario nacional es del Estado, no es dinero de los partidos”, remarcó.
En esa línea, confirmó que el personal legal vinculado al manejo del tema en su agrupación ya no continúa en funciones. “Estamos en ese proceso, ya no están trabajando en el partido”, indicó, precisando que será la Fiscalía la que determine eventuales responsabilidades.
Pena de muerte, crisis del INPE y propuestas sobre salud y empresas públicas
Otro de los puntos centrales de su intervención fue la pena de muerte para delitos graves como el sicariato y la extorsión. Álvarez reiteró su postura a favor de impulsar cambios normativos que permitan su aplicación en el país. “Yo sé que el artículo cuarto del Pacto de San José nos prohíbe aplicar la pena de muerte en el Perú, el artículo setenta y ocho nos permite denunciar el pacto de San José y al año de plazo (…) incluir sicariato, extorsión, etcétera”, explicó.
El candidato también cuestionó la efectividad de los estados de emergencia frente al avance de la criminalidad. “Vemos que no hay resultado, lamentablemente. Siguen los crímenes”, afirmó, al tiempo que pidió “recuperar la dignidad de la Presidencia de la República” y de otras instituciones como el Congreso, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Respecto al INPE, sostuvo que el problema del ingreso de celulares y otros objetos a los penales no se resuelve solo con requisas. “Ese organismo está corrupto. ¿Cómo entran entonces los celulares y todas las facilidades?”, preguntó. Incluso planteó como posibilidad la privatización del interior de los penales, dejando la seguridad externa en manos de la Policía.
En el ámbito económico, se pronunció sobre las denuncias de “planillas doradas” en Petroperú y SEDAPAL, señalando que se requiere una reestructuración profunda y la eventual incorporación de capital privado. “Basta de privilegios y basta de planillas doradas”, expresó.
Finalmente, abordó la situación del sistema de salud, al que calificó como un “caos”. Señaló que existiría un problema de desabastecimiento de medicinas y cuestionó los procesos de compra. “Hay que cambiar la visión hospitalocéntrica de la salud. Todo es un hospital, el hospital se colapsa. Vamos a empoderar la primera línea de salud que es la posta médica”, indicó.
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