Desde este jueves 5 hasta el sábado 7 de febrero, la velocidad del viento aumentará en la Costa peruana, alcanzando niveles de ligera a moderada intensidad, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). El fenómeno afectará a 13 provincias de cuatro regiones, con ráfagas que podrían llegar hasta los 35 kilómetros por hora, generando impactos en la visibilidad y en las actividades cotidianas, especialmente en zonas cercanas al litoral.
De acuerdo con el aviso meteorológico, los valores más altos de velocidad del viento se registrarían en la costa centro, con picos de hasta 34 km/h, mientras que en la costa norte se esperan velocidades próximas a los 32 km/h. En tanto, en la región Ica los vientos podrían alcanzar los 35 km/h, y en Arequipa, alrededor de los 22 km/h. Estas condiciones podrían provocar el levantamiento de polvo y arena, así como una reducción de la visibilidad horizontal, principalmente en tramos de carreteras y zonas abiertas.
El Senamhi también advirtió que este incremento del viento estaría acompañado por mayor cobertura nubosa, además de la presencia de niebla y neblina, especialmente durante las madrugadas y las primeras horas de la mañana, lo que podría dificultar el tránsito vehicular y las actividades portuarias y pesqueras.
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Provincias en alerta y recomendaciones ante el incremento del viento
Las regiones con posible afectación por este evento meteorológico son Áncash, Arequipa, Ica y La Libertad. En el caso de Áncash, las provincias comprometidas son Casma, Huarmey y Santa. En Arequipa, el aviso alcanza a Camaná y Caravelí; mientras que en Ica se verían afectadas Nasca, Ica y Pisco. Por su parte, en La Libertad, las provincias bajo alerta son Trujillo, Ascope, Chepén, Pacasmayo y Virú.
Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades locales y regionales a realizar inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, con el objetivo de verificar el adecuado diseño y estado de las infraestructuras, y así reducir riesgos para la población. La entidad recordó que los vientos intensos pueden afectar estructuras precarias, techos livianos y paneles mal asegurados.
Indeci recomendó a la ciudadanía asegurar los techos y largueros a las paredes, reforzar los vidrios de las ventanas y evitar permanecer cerca de equipos eléctricos, materiales punzocortantes o estructuras debilitadas por la acción del viento. En las zonas costeras, también se aconseja amarrar correctamente todo tipo de embarcaciones, con el fin de prevenir accidentes en muelles y caletas.
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Asimismo, se sugiere a la población usar ropa de abrigo e impermeable, consumir bebidas calientes y estar atentos a posibles síntomas respiratorios o alérgicos, ya que el polvo en suspensión puede agravar estas condiciones. En caso de malestar, se recomienda acudir al centro de salud más cercano.
Las autoridades reiteraron la importancia de mantenerse informados a través de los avisos oficiales del Senamhi y seguir las recomendaciones de Indeci, especialmente durante los días en los que se prevé el mayor impacto del fenómeno.
Estado de emergencia por lluvias alcanza a 21 regiones y 179 distritos del país
El Gobierno declaró el estado de emergencia por un periodo de 60 días en 21 regiones y 179 distritos a nivel nacional, como respuesta a la intensificación de las lluvias durante el verano 2026. La medida fue oficializada mediante un Decreto Supremo publicado en una edición extraordinaria del Diario El Peruano y busca permitir la ejecución de acciones inmediatas y excepcionales orientadas a reducir el riesgo muy alto que representan las precipitaciones para la seguridad de la población y la infraestructura pública.
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Según la norma, la declaratoria entra en vigencia desde el 5 de febrero y se extenderá hasta abril de 2026, e incluye a regiones como Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali. Durante este periodo, los gobiernos regionales y locales, junto con el Ejecutivo, quedan facultados para adoptar medidas de emergencia destinadas a la prevención de desastres y atención de posibles daños provocados por las lluvias.