La empresa NUCTECH Perú SAC, vinculada al empresario chino Zhihua Yang, amigo cercano del presidente José Jerí, obtuvo su primer contrato público con el despacho presidencial a finales de 2025, según reveló un informe del dominical Cuarto Poder. La adjudicación y la red de relaciones entre los protagonistas han generado cuestionamientos sobre la transparencia en la gestión de recursos estatales.
Un contrato otorgado tras reuniones en Palacio
El pasado 16 de diciembre de 2025, el despacho presidencial firmó con NUCTECH Perú SAC una orden de servicio para el mantenimiento de equipos de seguridad, como máquinas de rayos X y detectores de metales, por un monto de 35.577 soles. Este contrato representa la primera incursión de la empresa en el sector público peruano desde que fue inscrita como proveedora estatal en 2023. Hasta la fecha, NUCTECH Perú SAC no había registrado antecedentes de contratación estatal.
Antes de la adjudicación, la empresa no había figurado en licitaciones ni mantenía contratos previos con el Estado. La decisión de asignar directamente el servicio desde la Presidencia, sin antecedentes previos de la empresa en la administración pública, ha llamado la atención de especialistas y opositores políticos.
Los vínculos de Zhihua Yang con el entorno presidencial
NUCTECH Perú SAC está relacionada con Zhihua Yang, conocido en el círculo político como “el chino Johnny”. Yang, empresario chino radicado en Perú hace más de veinte años, ha construido una amplia red empresarial con compañías como Hidroeléctrica América SAC, Tenda Cerámicas AC y América Capón SAC, abarcando sectores de energía, construcción y comercio.
En el edificio de propiedad de Yang —donde también funciona un conocido chifa frecuentado por el mandatario— opera Cayman SAC, representante exclusiva de Nuctech en el país. Además, Shui Qin, socio fundador y representante de NUCTECH Perú SAC desde 2015, realizó al menos tres visitas a Palacio de Gobierno en diciembre de 2025, en fechas muy próximas a la emisión del contrato.
La relación entre Yang y Jerí data de la época en que el actual presidente era congresista. Según abogados y fuentes allegadas, ambos mantenían reuniones frecuentes, tanto para coordinar actividades culturales como para tratar asuntos empresariales. La informalidad y frecuencia de estos encuentros, junto a la ausencia de registros oficiales de varias reuniones privadas, han incrementado las sospechas sobre posibles intereses ajenos al fortalecimiento de lazos culturales.
“Chifagate” y reacción oficial
El caso cobró notoriedad tras la difusión de un reportaje que mostró imágenes de José Jerí, encapuchado, ingresando de noche al chifa de Yang el 26 de diciembre de 2025. El encuentro no figuraba en la agenda oficial del presidente y se realizó con alta discreción. La falta de transparencia en el motivo y contexto de la reunión derivó en el escándalo mediático conocido como “Chifagate”.
La controversia escaló rápidamente: la Comisión de Fiscalización del Congreso citó a Jerí, el partido Somos Perú inició un proceso disciplinario y la Fiscalía abrió una investigación preliminar por presunto patrocinio ilegal y tráfico de influencias.
Ante las críticas, el presidente negó cualquier acto ilícito. “No he hecho nada irregular”, declaró José Jerí a la prensa, y defendió sus reuniones con empresarios chinos como habituales en la función presidencial. También aseguró que no existió ningún favorecimiento y que todo el proceso se realizó dentro del marco legal.
Silencio empresarial y debate sobre transparencia
Intentos por obtener la versión de NUCTECH Perú SAC y de Cayman SAC resultaron infructuosos. Ningún representante respondió a las llamadas ni aceptó entrevistas, pese a los reiterados requerimientos periodísticos.
La cercanía entre el presidente y los empresarios involucrados, sumada a la falta de transparencia en las gestiones, ha puesto en cuestión la imparcialidad y transparencia del proceso de contratación. El caso reaviva el debate sobre los límites entre lo privado y lo público en la gestión presidencial, y plantea interrogantes sobre los mecanismos de control en la adjudicación de contratos estatales en el país.