Desde hoy, los motociclistas de Lima Metropolitana y el Callao ya no pueden circular con un acompañante adulto. La medida, aplicada en el marco del estado de emergencia, busca reducir el uso de motos en delitos como robos, extorsiones y sicariato, pero abre un debate sobre su eficacia, fiscalización y el impacto en miles de trabajadores que dependen de este vehículo para subsistir.
La restricción prohíbe que dos personas adultas se desplacen juntas en una motocicleta de las categorías L1 y L3, incluidas las eléctricas. No existen excepciones, ni siquiera para familiares, parejas o cónyuges.
La norma se sustenta en el Decreto Supremo N.° 002-2026-MTC, publicado el 15 de enero de 2026, y se aplica en las zonas bajo estado de emergencia: Lima Metropolitana y Callao, declarado mediante el Decreto Supremo N.° 006-2026-PCM.
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Según el especialista legal del MTC, Rafael Rivera, en declaraciones a TV Perú, la medida se mantendrá vigente mientras dure la emergencia y no contempla ningún tipo de excepción.
Multas, puntos y suspensión de licencia
El general PNP Humberto Alvarado López, director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, explicó en Buenos Días Perú que la primera infracción implica:
- Multa de S/660 (12 % de la UIT).
- Descuento de 50 puntos en el récord del conductor.
En caso de reincidencia, la sanción se eleva a:
- Multa de S/1.320 (24 % de la UIT).
- Descuento de 60 puntos, lo que puede llevar a la suspensión de la licencia.
“En dos días nada más se va a poner sanciones, multas, a las personas o adultos que estén en una misma moto”, señaló Alvarado en Buenos Días Perú.
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Solo 2.000 policías para fiscalizar toda Lima
Uno de los puntos más cuestionados es la capacidad real de control. El general Alvarado reconoció que solo 2.000 efectivos de la División de Tránsito estarán destinados a fiscalizar toda Lima Metropolitana.
“Con el personal que tenemos, vamos a ponerle todas las condiciones operativas para mitigar de alguna manera estos hechos criminales que se dan con motolineales”, afirmó el general.
Para Franklin Barreto, exjefe de Investigación de Accidentes de Tránsito, el número es claramente insuficiente.
“Ese es uno de los problemas: el déficit de personal. En este caso, el número es insuficiente”, declaró.
Barreto propuso que, de manera temporal, se autorice a efectivos de otras divisiones a intervenir para reforzar la fiscalización.
Una medida que ya fracasó antes
No es la primera vez que el Gobierno intenta aplicar esta restricción. En 2025, una medida similar fue retirada tras las críticas del gremio de motociclistas. Ahora, el rechazo vuelve a surgir con fuerza.
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En la previa, el presidente de la Asociación de Motociclistas del Perú, Ricardo Millones, expresó a Exitosa que se siente discriminado por el Estado.
“Para el Estado soy un ciudadano de segunda categoría. Pago mis impuestos, pero me discriminan”, sostuvo.
Millones señaló que la norma afectará directamente a miles de trabajadores que usan la motocicleta como herramienta de sustento.
“La sociedad ve mal a los motociclistas. Nos atacan con normas que van a afectar la economía de decenas de miles de personas”, afirmó.
También cuestionó el enfoque de la medida: “Eso se ataca con inteligencia, con una política de Estado real, no con normas que buscan el aplauso fácil”, dijo en Exitosa.
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Seguridad versus derechos
El gremio advierte que la prohibición vulnera derechos constitucionales al libre tránsito y al trabajo. Millones incluso criticó al presidente José Jerí, señalando que la medida carece de sustento técnico.
“Está vulnerando mis derechos constitucionales. ¿Cuáles son los asesores que tiene nuestro presidente para hacer esa norma absurda?”, cuestionó.
Desde el Ejecutivo, en cambio, se insiste en que la restricción es necesaria para reducir delitos cometidos en motocicleta, especialmente en casos de sicariato y extorsión.
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El Gobierno, por su parte, señaló que la norma será evaluada según los resultados obtenidos durante el estado de emergencia. Mientras tanto, la ciudadanía observa con escepticismo si la restricción realmente impactará en la criminalidad o si, como advierten los especialistas, quedará limitada por la falta de fiscalización efectiva.