El fujimorista Fernando Rospigliosi no siempre sostuvo que lo ocurrido en Cayara fue un “enfrentamiento con terroristas”. En 1990, cuando el caso aún estaba marcado por el silencio oficial y la impunidad, el hoy presidente encargado del Congreso dejó por escrito una postura opuesta a la que defiende actualmente.
En su Alegato por Cayara, elaborado tras los hechos de 1988, calificó lo ocurrido como una masacre contra población civil indefensa y denunció la existencia de una política estatal de exterminio aplicada en el marco del conflicto armado interno.
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Tres décadas después, Rospigliosi no solo respalda la ley de amnistía que busca cerrar los procesos judiciales por graves violaciones de derechos humanos, sino que sostiene públicamente que los militares procesados “derrotaron al terrorismo” y que los juicios en su contra son ilegales. Además, desde su cargo en el Congreso promueve normas orientadas a amnistiar a procesados por violaciones de derechos humanos y amenaza públicamente a los jueces que se niegan a aplicar dicha norma.
El contenido del Alegato por Cayara
El documento firmado por Rospigliosi en 1990 fue presentado recientemente por la abogada de Aprodeh, Gloria Cano durante una entrevista con Epicentro. En él se describe cómo, tras una emboscada de Sendero Luminoso a un convoy militar en Erusco, las Fuerzas Armadas ingresaron a Cayara y ejecutaron una represalia indiscriminada. Según ese texto, decenas de campesinos fueron detenidos, torturados y asesinados pese a estar desarmados y no haber participado en la acción subversiva.
Rospigliosi señalaba entonces que las víctimas fueron capturadas en sus casas o chacras y que la operación militar no distinguió entre población civil y senderistas. El alegato advertía, además, que estos hechos se inscribían en una lógica de violencia estatal sistemática, incompatible con el Estado de derecho. Esa caracterización coincide con las conclusiones posteriores de organismos de derechos humanos y con el patrón documentado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
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Hoy, sin embargo, el congresista desconoce esa lectura. Afirma que el caso Cayara responde a un enfrentamiento armado y niega la condición de civiles de las víctimas, reescribiendo los hechos que él mismo documentó y condenó en el pasado.
Presión política sobre la justicia
El cambio de postura de Rospigliosi no se limita a una reinterpretación histórica. En su actual rol político, ha asumido una posición activa para que los jueces apliquen la ley de amnistía y archiven el proceso. Incluso ha llegado a señalar que, si los magistrados deciden inaplicar la norma, deberían ser destituidos y detenidos por presunto prevaricato.
Este discurso representa un giro radical que, para quienes conocieron su posición anterior, resulta difícil de explicar. De cuestionar la violencia estatal, pasó a deslegitimar al Poder Judicial cuando este evalúa responsabilidades por crímenes cometidos por agentes del Estado. Así, quien denunció una masacre hoy promueve una norma que podría impedir que ese crimen sea juzgado, y quien describió a las víctimas como campesinos indefensos ahora presenta a los responsables como héroes de la pacificación.
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Caso Cayara y el pedido de justicia
El caso Cayara es uno de los símbolos más dolorosos del conflicto armado interno. Han pasado más de 30 años y la justicia sigue siendo esquiva para los familiares de las víctimas. En ese contexto, las normas aprobadas por el Congreso y la presión ejercida desde algunos sectores sobre el Poder Judicial generan un impacto negativo en la memoria histórica y en la posibilidad de cerrar las heridas con verdad, justicia y responsabilidad.
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