En el marco del paro de transportistas que detuvo parte de Lima y Callao este miércoles 14 de enero, la esposa de un conductor víctima de sicariato protagonizó un incidente al intentar comunicarse con el presidente José Jerí.
La mujer, ejemplo de la situación crítica que atraviesan muchas familias del gremio, buscaba exponer directamente al mandatario la falta de apoyo estatal y la precariedad en la que han quedado tras el atentado sufrido por su esposo hace cinco meses. El episodio se desarrolló en medio de la protesta nacional convocada por los gremios, que reclaman mayor acción del Gobierno frente al avance de la criminalidad, la extorsión y los ataques a transportistas.
Pese a los obstáculos iniciales, la ciudadana logró finalmente ser escuchada por el presidente, quien recogió sus demandas en un contexto de fuerte presión social y política. El caso visibiliza la desesperación y el abandono que viven numerosas familias afectadas por el crimen organizado, mientras las organizaciones de transportistas exigen respuestas concretas y medidas que garanticen tanto su seguridad como la reparación a las víctimas.
La jornada, marcada por la reducción del servicio y el aumento de pasajes informales, sirvió como escenario para que los líderes gremiales y afectados plantearan sus reclamos de manera directa a las autoridades, en un clima de tensión y desconfianza hacia la capacidad del Ejecutivo para resolver la crisis del sector.
La seguridad de Jerí restringió el acercamiento de una víctima dela criminalidad
Durante la concentración, la esposa del transportista atacado forcejeó verbalmente con miembros de la seguridad presidencial al intentar acercarse a Jerí. “Sáqueme la mano. Aquí debe estar para delincuentes, no para los hambrientos”, reclamó la mujer, visiblemente afectada, ante la negativa inicial de los custodios a permitirle el acceso. La tensión creció cuando la ciudadana denunció la falta de sensibilidad del equipo de seguridad y pidió que ese rigor se aplique a los criminales, no a quienes buscan justicia y apoyo tras haber sido víctimas de la violencia.
A pesar de la resistencia, la presión ejercida por la mujer y el respaldo de algunos presentes permitieron que finalmente se le concediera el permiso para dialogar con el presidente. El episodio evidenció la desconfianza de los afectados hacia las instituciones y su hartazgo ante la indiferencia estatal. “No quiero que su seguridad me trate así. Le enseño la bolsa y no tengo nada”, insistió la esposa del conductor durante el intercambio, mientras exponía la precariedad en la que ha quedado su familia.
Este incidente reflejó el clima de frustración y desprotección que sienten quienes han sufrido ataques directos, y la dificultad que enfrentan para acceder a las autoridades en busca de soluciones reales.
Esposa de transportista atacado por sicarios exige soluciones frente a José Jerí
Una vez frente a José Jerí, la esposa del conductor narró la difícil situación que enfrenta su familia desde el atentado. “Señor presidente, mi esposo está sin trabajo, necesita medicamentos y terapia. Usted dice que nos van a ayudar. ¿Quién nos ha ayudado a nosotros? Nada. Mi esposo no trabaja desde hace cuatro meses. Lo balearon y eso no es justo”, expresó la mujer, quien entregó documentación médica y detalló los problemas económicos y de salud derivados del ataque.
La respuesta del presidente fue escuchar y tomar nota de los reclamos. “Entiendo que se siente afectada y abandonada, pero hay un tema de respeto mutuo. Tomamos conocimiento y vamos a ver qué podemos hacer desde la gestión para poder ayudarla, sobre la base de lo que acaba de exponer”, señaló el presidente interino.
El testimonio de la esposa y la reacción presidencial pusieron en evidencia la distancia entre las promesas gubernamentales y la realidad cotidiana de los afectados. “¿Quién le da una guía de comidas a mis hijos, a los de mi pareja? Yo debo toda esa cantidad de personas. Vienen a cobrarme y todavía nadie trabaja”, remarcó la mujer, subrayando la urgencia de respuestas efectivas.
Paro de transportistas: demandas de apoyo, indemnización y mayor seguridad
El caso de la esposa del conductor baleado se inscribe en una problemática más amplia que afecta a miles de familias del sector. El paro nacional fue convocado ante la falta de avances en medidas concretas para combatir la extorsión, los asesinatos y la inseguridad que padecen los transportistas en todo el país. Los gremios reclamaron no solo protección, sino también apoyo económico e indemnización para las víctimas y sus familias.
Los dirigentes exigieron la reglamentación inmediata de la Ley 32490, el fortalecimiento de la coordinación entre la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, y la creación de una unidad de élite para investigar los crímenes contra transportistas. También demandaron recursos para la Policía y la implementación de la “muerte civil” para vehículos informales, medida considerada clave para combatir tanto la competencia desleal como la inseguridad en las rutas.
En paralelo, los voceros gremiales denunciaron la falta de voluntad política y la ausencia de liderazgo para enfrentar el avance del crimen organizado. “La delincuencia surgió a raíz de la inoperancia del Gobierno. Hablan de informalidad, pero es el mismo Estado el que no establece el principio de autoridad”, explicó Roger Salas, dirigente de la Asociación de Transportistas del Perú.
El testimonio de la esposa del conductor baleado simboliza el drama que viven cientos de familias, quienes enfrentan meses sin ingresos, deudas acumuladas y la incertidumbre sobre el futuro. En un contexto donde la criminalidad golpea sin distinción y la respuesta institucional resulta insuficiente, la exigencia de soluciones integrales y reparación a las víctimas se ha convertido en el clamor central de un gremio que lleva años en estado de emergencia.