Una operación ejecutada por el Comando Unificado Pataz permitió la detención de 14 personas y la incautación de armas y explosivos en una bocamina ubicada en el distrito de Pataz, en la región La Libertad, en el marco de acciones contra la minería ilegal.
Intervención en la bocamina Choloque
El operativo se desarrolló alrededor de las 00:15 horas en la bocamina Choloque, ubicada en el anexo Pueblo Nuevo. Las fuerzas del orden ingresaron al interior del socavón, donde se realizaban actividades de extracción y acopio de material aurífero sin autorización.
Durante la intervención fueron detenidas 14 personas presuntamente vinculadas a la organización criminal denominada “Centurión”. De acuerdo con información oficial, esta agrupación estaría relacionada con la apropiación de bocaminas, minería ilegal armada y tenencia de material explosivo.
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Entre lo incautado se encontraron armas de guerra (fusiles), municiones y explosivos, elementos que serán materia de peritaje por las autoridades competentes.
Pronunciamiento de las autoridades
El general César Briceño, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señaló que la intervención forma parte de una estrategia de control territorial en zonas consideradas de alta conflictividad por actividades ilegales.
Desde el Ejecutivo se indicó que las acciones continuarán en otros sectores de la provincia como parte de los operativos conjuntos entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
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Un contexto de violencia persistente
La operación se produce en una provincia marcada por hechos de violencia vinculados a la minería ilegal. El 31 de diciembre, un enfrentamiento armado en la bocamina Papagayo, en el sector Morena del anexo Vijus, dejó al menos tres personas fallecidas por impactos de bala, según información policial y de la Compañía Minera Poderosa.
La empresa señaló que las víctimas habrían ingresado de manera ilegal al área de minado. El enfrentamiento se habría originado en un contexto de disputa por el control territorial entre grupos dedicados a la minería ilegal.
Según cifras difundidas por la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, en 2025 se registraron 49 muertes vinculadas a esta actividad en Pataz, pese a que la provincia permanece en estado de emergencia desde hace casi dos años.
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Observaciones sobre la estrategia de intervención
El periodista y analista Iván Arenas indicó que la presencia del Comando Unificado ha permitido una contención parcial del problema, pero advirtió limitaciones operativas.
“No existe un cuerpo policial o militar especializado en el ingreso a socavones”, señaló, lo que restringe la capacidad de intervención directa en los espacios donde se desarrolla la actividad ilegal.
Déficit fiscal en la zona
A las dificultades operativas se suma la situación del Ministerio Público. El fiscal provincial coordinador de Pataz, Enrique Valverde Cabrera, informó que solo cuatro fiscales y un asistente atienden los casos de los 13 distritos de la provincia.
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Indicó que la sede fiscal se encuentra en Tayabamba, a varias horas de las zonas de conflicto, y que el refuerzo temporal de fiscales concluyó por falta de presupuesto, lo que limita la capacidad de respuesta ante hechos de violencia.