Estados Unidos ha vuelto a cambiar su pirámide alimentaria, y a primera vista, podría parecer un ajuste técnico más, sin embargo, el giro actual no es menor, ya que implica un cambio simbólico, discursivo y sobre todo político en la forma en que el Estado comunica qué significa “comer bien”.
La nueva guía abandona el modelo del “plato equilibrado” y adopta una pirámide invertida que coloca en el centro a la “comida real”, prioriza proteínas y grasas, y reduce el énfasis en cereales y productos procesados. Algo que termina dando un mensaje claro: volver a lo esencial, comer menos productos industriales, recuperar una alimentación natural. En un contexto de crisis de obesidad, enfermedades crónicas no transmisibles y desconfianza hacia la industria alimentaria, el discurso resulta atractivo. El problema no es el diagnóstico parcial que hace, sino todo lo que deja fuera.
En ese sentido es necesario tener en cuenta que la nutrición también supone un espacio de disputa ideológica, y esta nueva pirámide lo confirma. Ya que el énfasis en la responsabilidad individual “elige comida real”, “reduce ultraprocesados” o “prioriza proteínas de calidad”, desplaza el foco desde los sistemas alimentarios hacia las decisiones personales, cuando comer bien no solo es una elección, sino también es una condición social que depende de ingresos, tiempo, territorio, políticas, regulación del mercado y protección social.
Por otro lado, bajo un lenguaje aparentemente despolitizado, la guía reproduce una lógica conocida: si la población no come bien, es porque no elige bien. Sin embargo, es importante entender que el Estado orienta, recomienda, sugiere; es decir, no todo queda en base a la decisión individual, los entornos también importan.
Hablar de comida real en un país donde amplios sectores viven en desiertos alimentarios, trabajan jornadas extensas y dependen de alimentos baratos y disponibles no es neutral. Tampoco lo es reducir el debate sobre ultraprocesados sin cuestionar de manera frontal el poder de la industria que los produce, los subsidios que los abaratan y las políticas comerciales que los expanden. El mensaje puede ser correcto en términos generales, pero resulta incompleto cuando no va acompañado de transformaciones estructurales.
Además, el nuevo énfasis en proteínas y grasas saludables abre otro frente de debate. Si bien existe evidencia que cuestiona el exceso de carbohidratos refinados y azúcares, también hay consenso sobre la importancia de la fibra, los cereales integrales y la diversidad alimentaria. Simplificar la ecuación nutricional en “más proteínas, menos carbohidratos” puede derivar en lecturas erróneas, dietas restrictivas y mensajes confusos, especialmente en contextos donde la educación alimentaria es limitada.
Las guías alimentarias no solo orientan a la población general. También influyen en programas públicos, compras estatales, comedores escolares, asistencia alimentaria y marcos regulatorios. Por eso, su diseño no puede desligarse de la mirada del derecho a la alimentación. Cuando una guía se presenta sin una estrategia clara ligada a su relación con el entorno alimentario, corre el riesgo de convertirse en una narrativa aspiracional válida solo para quienes ya tienen condiciones favorables para elegir.
El debate de fondo no es si la pirámide anterior era mejor o peor, ni si el plato equilibrado estaba desactualizado. El verdadero debate es qué rol asume el Estado frente a la alimentación de su población. ¿Un rol pedagógico limitado a recomendar? ¿O un rol garante del derecho a la alimentación, capaz de intervenir en los determinantes estructurales de la alimentación?
Cambiar un gráfico no transforma un sistema alimentario ni modifica la concentración empresarial, los precios de los alimentos, la publicidad dirigida a la infancia, la precarización del tiempo para cocinar o las profundas desigualdades territoriales que condicionan qué y cómo se come.
Por eso, la nueva pirámide alimentaria de Estados Unidos invita a mirar más allá del cambio gráfico, cuando se presenta como un simple ajuste técnico o como una recomendación válida para todos por igual, conviene preguntarse a quién beneficia ese enfoque, qué supuestos da por sentados y qué problemas de fondo quedan fuera de la discusión.