El 8 de febrero de 2018, el Congreso de la República marcó un hito en la relación política entre Perú y Venezuela al declarar persona non grata al entonces presidente Nicolás Maduro. La decisión se produjo en la antesala de la VIII Cumbre de las Américas, programada para realizarse en Lima el 13 de abril de ese año, y respondió —según los legisladores— a las denuncias internacionales por violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela.
La moción fue respaldada por una mayoría multipartidaria poco habitual en el Parlamento peruano. Bancadas que solían discrepar en la política interna coincidieron en rechazar la eventual presencia de Maduro en el evento. La reacción incluyó tanto a los congresistas del bloque oficialista como a los del principal grupo opositor, el fujimorismo. Solo los legisladores de izquierda se abstuvieron de firmar el documento.
El pronunciamiento no tenía efectos vinculantes en materia diplomática, pero enviaba una señal política contundente al evidenciar un inusual consenso en un contexto regional cada vez más crítico frente al regimen chavista.
La declaración se produjo luego de que Caracas anunciara la posible asistencia de Maduro a la cumbre, lo que encendió las alertas en el Parlamento peruano y activó una respuesta coordinada para impedir su legitimación en un foro continental.
La moción parlamentaria
Durante el debate, uno de los argumentos centrales fue que, si bien el Perú era el país anfitrión, no podía vetar de manera unilateral a un jefe de Estado. Sin embargo, el Congreso buscó canalizar su rechazo a través de instancias multilaterales. Así lo explicó el entonces congresista oficialista Gilbert Violeta.
“Dado que somos nosotros el país anfitrión, el gobierno peruano no puede vetar por sí mismo a Venezuela. Sin embargo, el pedido es para que el grupo de Lima haga suyo este pedido y plantee este veto frente a la presencia del señor Maduro en Lima”, declaró.
La moción congresal operó, en ese sentido, como una invocación política dirigida tanto al Ejecutivo como al recientemente conformado Grupo de Lima, bloque regional que había asumido una postura crítica frente al chavismo.
El entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski fue consultado por la prensa sobre la iniciativa del Congreso y no eludió el tema. Su respuesta dejó claro que, formalmente, Maduro seguía invitado a la cumbre, aunque reconoció el rechazo social que enfrentaría.
“Él está invitado. O sea, él puede venir, pero ya veremos pues cómo lo reciben los venezolanos que están aquí en el Perú en, en, en decenas de miles”.
La decisión final del Grupo de Lima
El anuncio parlamentario coincidió con una creciente movilización de la comunidad venezolana en el Perú. En 2018, según la Superintendencia Nacional de Migraciones, alrededor de cien mil ciudadanos venezolanos residían en el país. A través de redes sociales y medios de comunicación, muchos de ellos advirtieron que se organizarían marchas de protesta si Maduro pisaba suelo peruano.
La presión política y social escaló rápidamente a nivel regional. El 14 de febrero de 2018, el Grupo de Lima dio un paso más allá y declaró también persona non grata a Nicolás Maduro en el marco de la Cumbre de las Américas. La decisión fue interpretada como un golpe diplomático directo al régimen venezolano.
La principal razón fue la convocatoria unilateral de elecciones presidenciales anticipadas para el 22 de abril de ese año, comicios que los países miembros consideraron carentes de legitimidad. A ello se sumó la preocupación por la crisis humanitaria en Venezuela, evidenciada en las imágenes de miles de personas cruzando fronteras en busca de alimentos y medicinas.
El bloque regional pidió, además, la apertura inmediata de un corredor humanitario para mitigar el desabastecimiento que afectaba a la población venezolana. Con esa decisión, Maduro quedó definitivamente marginado de la cumbre celebrada en Lima, en un episodio que marcó uno de los momentos de mayor aislamiento internacional de su gobierno y que, años después, volvería a cobrar relevancia tras su captura.