El expresidente Pedro Castillo busca a todo lugar dilatar la sentencia por el golpe de Estado, donde se determinará si purgará 34 años de prisión por rebelión o una pena menor en caso sea condenado por conspiración. En la sesión de hoy jueves 30 de octubre, el golpista acreditó un abogado particular cuando en lo que va del juicio ha sido defendido por un defensor público debido a su negativa de que lo defienda un letrado privado.
Sin embargo, Castillo solo pretende que el abogado Hugo Yataco Pérez lo represente para que sustente un pedido para declarar nulo todo lo actuado.
El argumento para pedir la nulidad del juicio es que supuestamente no se ha seguido lo dispuesto en el Código Procesal Penal sobre la conformación de la Sala Penal Especial y el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.
No obstante, estos mismos argumentos ya los ha planteado en otros incidentes del proceso por el golpe de Estado, incluso con resultados desfavorables. Es más, el miércoles se llevó una audiencia de apelación sobre cesación de prisión preventiva en la Sala Suprema Penal Permanente donde el mismo abogado Hugo Yataco invocó estos argumentos. El tribunal supremo ya votó declarando infundada la impugnación, según pudo conocer Infobae.
En su réplica, el fiscal adjunto supremo Edward Casaverde indicó que existen pronunciamientos tanto de la Sala Suprema Penal Permanente y del Tribunal Constitucional que desbaratan los argumentos de la defensa de Pedro Castillo.
Las defensas de Aníbal Torres, Betssy Chávez y de la tercera incorporada no duraron en sumarse al pedido del abogado de Pedro Castillo.
Espectáculo de Pedro Castillo
Pedro Castillo intervino en la audiencia de cese de prisión preventiva, donde reiteró su postura de que fue destituido de manera irregular por el Congreso y que, en consecuencia, aún debería ser reconocido como presidente constitucional.
Durante su intervención, el exmandatario calificó su situación como el “abuso de todos los abusos” y argumentó que existen “nuevos elementos de convicción” que justificarían su excarcelación, entre ellos las “más de 70 sesiones de este juicio oral, donde no se ha podido probarme que estoy acá detenido por un alzamiento armado y por haber cometido el delito de rebelión”.
Pedro Castillo también cuestionó la actuación del Ministerio Público, señalando que “Casi 3 años, abusivamente, donde el mismo Ministerio Público dice: ‘No, estamos convencidos de que no hay rebelión, vamos por el tema de conspiración’. Y cuando le pides las pruebas para la nueva imputación, el mismo Ministerio Público dice: ‘No, tenemos ninguna prueba’. Entonces, dígame, ¿acaso no es un abuso por tema de prisión preventiva?”.
El exjefe de Estado sostuvo además que la prisión preventiva que se le impuso carecería de validez, al alegar que el juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley “no es el llamado por ley para llevar a cabo la investigación preparatoria”. Añadió que, conforme al Código Penal, “al menos uno debería estar conduciendo esta sala especial de la acusación que está llevando este juicio”.
En relación a su destitución, Pedro Castillo insistió en que fue arrestado mientras aún ejercía la presidencia y que la vacancia se produjo posteriormente, en condiciones que considera inconstitucionales. “Primero fui detenido, después se me ha vacado. Y se me ha vacado inconstitucionalmente porque hoy el mismo Congreso ha salido a decir: ‘Hay que tener cuidado para vacar a la señora Dina Boluarte, porque con Castillo no hemos tenido los 104 votos’. Entonces, si tuvieron la votación calificada, sigo siendo presidente constitucional y el pueblo y la historia nos darán la razón. Yo espero esta sala esté del lado de la razón, esté del lado de la verdad”.
No obstante, el Tribunal Constitucional (TC) ya se pronunció sobre la validez de la vacancia, estableciendo que la rapidez con la que se ejecutó respondió a la situación excepcional que vivía el país tras el intento de golpe de Estado. Los magistrados precisaron que Pedro Castillo dejó de ser presidente no al declararse la vacancia, sino cuando emitió su mensaje a la Nación ordenando el cierre inconstitucional del Congreso, la intervención del sistema de justicia y la instauración de un gobierno de excepción.
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