El conflicto por el proyecto Tía María volvió a los tribunales. Este martes 28 de octubre, representantes del Valle de Tambo, Arequipa, junto a organizaciones de derechos humanos, presentaron una medida cautelar ante el Poder Judicial para suspender la autorización de explotación otorgada a Southern Perú Copper Corporation por el Ministerio de Energía y Minas (Minem).
La demanda fue ingresada al Primer Juzgado Constitucional de Lima, bajo la representación legal de Willián Lauracio Apaza.
El Ejecutivo ha habilitado a la compañía a trabajar en siete concesiones mineras y estableció el cumplimiento de los instrumentos ambientales aprobados por el Senace.
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Buscan suspender la resolución que habilita la explotación
La medida judicial impugna la resolución emitida por el actual gobierno, que autoriza el inicio de la fase de explotación de Tía María. Las comunidades solicitan al tribunal detener los efectos del permiso por considerar que el proyecto “no cuenta con licencia social” y se desarrolla sobre un territorio agrícola que depende de la cuenca del río Tambo, fuente de agua para miles de familias en Islay y el valle costero.
Los defensores ambientales recordaron que, en marzo de este año, ya se presentó una demanda de amparo para declarar la caducidad del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y la nulidad de la autorización de construcción de la planta de beneficio. Sin embargo, seis meses después, el Poder Judicial aún no emite pronunciamiento sobre ese proceso.
“Dejando nuestras tierras hemos venido a la capital porque nadie nos quiere escuchar. No se nos ha consultado para que Southern siga con el proyecto Tía María, que no tiene licencia social. Están contaminando el agua y dañando la agricultura, la ganadería y la vida misma”, declaró Paulina Bodadilla, defensora del Valle de Tambo.
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“Defendemos la agricultura, el agua y la vida”
En la conferencia de prensa realizada en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), las voceras del valle denunciaron el avance de un proyecto que, aseguran, amenaza su sustento y su derecho a decidir sobre el territorio.
“Venimos desde un valle agrícola que da de comer al país. La empresa no tiene autorización para usar nuestras tierras ni nuestras aguas. Su presencia pone en peligro la agricultura y los recursos hídricos”, expresó Agripina Páucar, otra de las representantes.
Por su parte, Miguel Meza, vocero del Valle de Tambo, advirtió que la población prepara movilizaciones pacíficas para exigir respeto a sus derechos.
“Exigimos ser escuchados. No queremos más sangre ni persecución. Defendemos la agricultura, el agua y la vida con dignidad”, manifestó.
Denuncian hostigamiento y vigilancia
la Red Muqui y la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz) patrocinan la medida cautelar. Estas organizaciones que sostienen que el proyecto opera con un “EIA caducado y sin garantías ambientales ni sociales”.
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Ambas instituciones alertaron sobre actos de vigilancia y hostigamiento hacia los defensores ambientales durante la conferencia del 22 de octubre, en la que se reportó la presencia de efectivos policiales tomando fotografías en los exteriores del local de la CNDDHH.
Pese a los intentos de intimidación, los pobladores reafirmaron su compromiso con la defensa del valle. “Querrán callarnos, pero no podrán. ¡Agua sí, mina no!”, expresaron los voceros al cierre del evento.