El caso de la muerte del manifestante Eduardo Ruiz Sanz durante la protesta en Lima cobró un nuevo matiz tras las declaraciones de Stefano Miranda, abogado del suboficial Luis Magallanes, principal acusado por el disparo mortal. Miranda acusa a la Policía Nacional del Perú (PNP) de haber expuesto a su defendido y de deslindar responsabilidades apresuradamente para proteger la cadena de mando.
Según el también abogado de Juan José Santiváñez y la policía conocida como ‘Lady 2 soles’, la imputación pública contra Magallanes obedeció más a la necesidad institucional de encontrar un responsable inmediato que al resultado de diligencias técnicas. “No puede ser posible que a mi cliente, siendo un suboficial de tercera, a las cuatro y cuarenta de la tarde, con un acta de detención a mano, sin haber hecho pericia, lo detuvieran solo porque él, de buena fe y sin abogado, manifestó haber hecho un disparo”, declaró en entrevista con RPP.
La defensa sostiene que Magallanes disparó al suelo en un contexto de agresión y miedo, pero no realizó el disparo letal. Miranda exhibió grabaciones, recopiladas por la Municipalidad de Lima, donde se observaría a otro individuo, vestido de civil, efectuando múltiples detonaciones. “A mi cliente lo mandaron como agente de inteligencia en tareas para las que no estaba preparado ni debió participar. Así, lo convierten en ‘carne de cañón’ mientras la institución prioriza salvar al alto mando”, advirtió. Cuestionó, además, que un agente formado en la Dirección de Investigación de Secuestros haya terminado desplegado como agente encubierto en contexto de protesta.
Remarcó que, para esclarecer los hechos, es indispensable esperar los resultados de la necropsia y el peritaje balístico. Argumentó que el trayecto del proyectil y la condición del orificio determinarán si la bala correspondió a un disparo de rebote al piso, como sostuvo su cliente, o un impacto directo.
Añadió que el arma personal de Magallanes habría sido robada tras la confusión, lo que complica las pericias. Pese a ello, aseguró que pueden establecerse coincidencias entre los proyectiles, el calibre del arma y la trayectoria, subrayando que solo una evaluación técnica puede deslindar responsabilidades.
El abogado también cuestionó que las condiciones operativas e indicaciones para el despliegue de personal no tuvieran la previsión adecuada, ni respondieran a los protocolos de uso diferenciado de la fuerza en marchas, dejando a los agentes sin respaldo suficiente y, posteriormente, abandonados frente a la opinión pública.
Al respecto, la exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, calificó de irresponsable atribuir a un agente la totalidad de los hechos sin haber agotado las diligencias periciales y de contexto. “La pita quiere romperse en el lado más débil, que es un suboficial de tercera. No podemos adelantar opinión sin haber hecho diligencias urgentes”, comentó en el mismo medio, reforzando su llamado a una investigación objetiva.
“La sociedad ya no es tonta. Sabe lo que está pasando. Que se investigue y si hay que establecer responsabilidad, que se establezca. Pero no se puede sacrificar a un agente de base para lavar culpas superiores”, insistió.