El debate sobre la salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha reavivado luego de la llegada de Juan José Santiváñez al Ministerio de Justicia.
Infobae Perú pudo conocer que esta cartera, que tuvo a su cargo la realización de una serie de audiencias ciudadanas vinculadas a este tema -en específico sobre la aplicación de la pena de muerte- durante la gestión del ministro Eduardo Arana, no tiene idea cuánto gastó el Estado en la organización de estas actividades, de las que aún no se conocen sus conclusiones.
El “debate” de la pena de muerte
En diciembre del 2024, el caso del feminicidio de una menor de 12 años en Villa María del Triunfo fue utilizado por la presidenta Dina Boluarte para impulsar el debate sobre la aplicación de la pena de muerte para violadores de menores. Sin embargo, para que se haga realidad, el Estado primero debe denunciar el Pacto de San José, que vincula al Perú a la CIDH.
Es en ese contexto, la gestión del entonces ministro de Justicia, Eduardo Arana, ordenó la creación de una “comisión sectorial” que debía encargarse de evaluar la viabilidad de la propuesta. Estas se realizaron en un periodo de tres meses, entre diciembre del 2024 y marzo de este año.
En total, el Ministerio de Justicia se encargó de organizar 23 reuniones con peruanos en diferentes ciudades y regiones de todo el país. Varias de ellas contaron con la presencia del entonces ministro de Justicia, Eduardo Arana, y del viceministro de Justicia, Juan Alcántara, quien eventualmente lo reemplazaría en el cargo desde mayo de este año.
Las reuniones se produjeron en las siguientes ciudades y en estas fechas:
- La Libertad (27 de diciembre 2024)
- Huacho (14 de enero 2025)
- Arequipa (16 de enero 2025)
- Cañete (21 de enero 2025)
- Cajamarca (24 de enero 2025)
- Iquitos (30 de enero 2025)
- Ica (4 de febrero 2025)
- Tarapoto (5 de febrero 2025)
- Pucallpa (10 de febrero 2025)
- Cerro de Pasco (19 de febrero 2025)
- Huancayo (19 de febrero 2025)
- Cusco (20 de febrero 2025)
- Abancay (26 de febrero 2025)
- Madre de Dios (28 de febrero 2025)
- Huánuco (7 de marzo 2025)
- Ayacucho (10 de marzo)
- Chiclayo (13 de marzo 2025)
- Callao (14 de marzo 2025)
- Chimbote (19 de marzo 2025)
- Tacna (20 de marzo 2025)
- Selva Central (25 de marzo)
- Moquegua (26 de marzo)
- Huancavelica (28 de marzo)
¿A dónde fue el dinero del Ministerio de Justicia?
Infobae Perú consultó al Ministerio de Justicia sobre cuánto presupuesto fue destinado a cubrir las actividades de la Comisión Sectorial anunciada por el ministerio de Justicia durante la gestión de Eduardo Arana, además de cuál fue el presupuesto asignado e invertido en el desarrollo de las 23 audiencias ciudadanas.
Sin embargo, el documento oficial con la respuesta del Minjus, firmado por el jefe de la oficina de presupuesto, José Miguel Condezo Alvarado, indica que la información solicitada por este medio es “inexistente”.
“La Oficina de Presupuesto, en el marco de sus competencias, ha realizado la búsqueda exhaustiva de la información solicitada (...), por lo que se señala la inexistencia de la información requerida”, se lee en el informe.
Esto, pese a que el artículo 10 de la Resolución Ministerial N° 0319-2024-JUS, que crea la Comisión Sectorial Temporal sobre la aplicación de la pena de muerte, indica que los gastos serán financiados “con el presupuesto institucional del Ministerio de Justicia Derechos Humanos”.
Informe final: inexistente cinco meses después
El destino del dinero gastado por el Ministerio de Justicia en la organización de las 23 audiencias sobre la pena de muerte no es lo único que se desconoce hasta el momento: el contenido del informe final sobre el tema tampoco se ha difundido cinco meses después.
El jueves 20 de febrero del 2025, luego de la audiencia ciudadana en Cusco, el Ministerio de Justicia publicó una nota de prensa en la que afirmó que la presentación sería en marzo.
“Este evento (la audiencia en Cusco) es parte de una serie de audiencias que el gobierno ha realizado desde diciembre de 2024, con el objetivo de recoger las opiniones de diversos sectores de la sociedad sobre este tema y que servirán de insumo para la elaboración de un informe final que integre los resultados obtenidos, el mismo que será presentado en marzo”, se indicó.
Pese a la promesa del Ministerio y más de cinco meses luego de la última audiencia ciudadana en Huancavelica, el documento oficial aún no fue publicado. Lo único que se sabe del informe final hasta el momento es que, según fuentes de Ojo Público, “están analizando los resultados de los debates descentralizados”.
Infobae Perú consultó al Ministerio de Justicia si el informe final ya fue redactado o por lo menos ya cuenta con una fecha de presentación oficial, pero hasta el cierre de este informe no ha obtenido respuesta.