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Universidad en Perú cerrará definitivamente en 2025: Sunedu le denegó el licenciamiento tras 18 años de funcionamiento

Registró graves fallas en su infraestructura, funcionó en locales no autorizados y no garantizó las condiciones mínimas de calidad educativa

No cumplía con las exigencias de calidad educativa, operó locales sin permiso y mantenía docentes sin grado. Composición: Sunedu/ Universidad Privada San Carlos/ Infobae Perú

Una universidad privada que operaba desde hace casi dos décadas se encuentra en la etapa final de su proceso de cierre, luego de que la Sunedu le negara la autorización para seguir funcionando. La institución fue observada por no cumplir con una serie de condiciones exigidas por la Ley Universitaria.

Aunque algunas casas de estudio lograron adecuarse y mantenerse operativas, esta no consiguió revertir las deficiencias señaladas. La medida fue adoptada años atrás, pero el cierre se hará efectivo este 2025, tras agotarse el plazo legal otorgado por el ente regulador.

¿Cuál es la universidad que cerrará en 2025 y por qué?

Se trata de la Universidad Privada San Carlos (UPSC), ubicada en la región Puno, que inició sus operaciones en octubre de 2006. La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) determinó en 2020 que esta casa de estudios no cumplía con las condiciones básicas exigidas por la Ley Universitaria, por lo que le fue denegado el licenciamiento institucional.

Operó por casi dos décadas, pero no logró acreditar condiciones mínimas ante Sunedu. Foto: Universidad Privada San Carlos

A pesar del esfuerzo por mantener su vigencia, la UPSC no logró revertir la medida ni presentar un plan de adecuación aceptado. Según lo dispuesto por la Sunedu, el cese progresivo de actividades culminará el 30 de agosto de 2025, fecha en la que la universidad deberá cerrar de forma definitiva.

Sunedu detectó graves deficiencias

Durante el proceso de evaluación, la Sunedu identificó una serie de falencias en distintas áreas de la universidad. Entre los puntos más críticos se encuentra la ausencia de instrumentos sólidos de planificación institucional, así como inconsistencias en la gestión de calidad. Los procedimientos de admisión extraordinaria tampoco estaban debidamente definidos, lo que generaba incertidumbre entre los postulantes.

En el aspecto físico, se evidenció que parte de la infraestructura no cumplía con las normas de seguridad ni con el Reglamento Nacional de Edificaciones. Se reportaron aulas sin condiciones adecuadas de habitabilidad y ambientes con problemas de aforo, incluso en espacios destinados a los docentes. También se hallaron deficiencias en la atención médica y en el servicio de biblioteca, que no funcionaba durante todo el horario académico.

Fue sancionada por operar en sedes no autorizadas, tenía fallas en su infraestructura y no cumplía con requisitos académicos básicos. Foto: Andina

Filiales no autorizadas y problemas con la planta docente

Uno de los hallazgos más graves fue la existencia de locales no autorizados donde se impartían clases: uno en la ciudad de Juliaca y otro en Ilave. Debido a esta infracción, la universidad fue sancionada con una multa superior a los 600 mil soles. Estos establecimientos no contaban con el reconocimiento de la Sunedu ni con las condiciones requeridas para brindar servicios educativos.

En cuanto al equipo académico, la UPSC no logró acreditar que todos sus docentes sin maestría o doctorado estuvieran habilitados para dictar clases antes de la entrada en vigencia de la actual Ley Universitaria. Además, se detectaron irregularidades en los procesos de selección de profesores, lo que afectaba la transparencia y calidad del servicio educativo.

Más de 3 mil estudiantes afectados y medidas para su traslado

Al momento del licenciamiento, la Universidad Privada San Carlos contaba con 3 mil 137 estudiantes matriculados en pregrado, distribuidos en las carreras de Contabilidad y Finanzas, Derecho, Ingeniería Ambiental y Enfermería. Todos ellos se vieron directamente impactados por la decisión de la Sunedu. Por esta razón, el organismo regulador estableció mecanismos para asegurar su derecho a la continuidad educativa.

La Ley 31520 ha desencadenado un cambio paradigmático en la forma en que las universidades peruanas diseñan y ofrecen programas académicos. (Andina)

Durante el periodo de cese progresivo, los estudiantes tuvieron la posibilidad de permanecer en la universidad mientras culminaban sus estudios, siempre que la institución mantuviera los estándares mínimos. También se les permitió gestionar el traslado hacia universidades licenciadas con programas académicos similares. La UPSC, en tanto, quedó obligada a garantizar la emisión de títulos, grados y documentación académica hasta el final del proceso.

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