
Rafael Ruiz Hidalgo, magistrado recientemente vacado de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), presentó este lunes una reconsideración para revertir la decisión que lo apartó del cargo por omitir una condena por prevaricato en su hoja de vida.
Según declaró en una entrevista para RPP, nunca faltó a la verdad y considera que la sanción en su contra ya no tiene validez legal. Cuestionó, además, que sus propios pares lo hayan destituido y aseguró que sus abogados están trabajando en la defensa de su permanencia en la institución.
“Mis pares no pueden vacarme”
“Voy a tener que presentar el recurso de reconsideración porque es una garantía constitucional. Mis abogados lo están evaluando. En realidad, no es posible que mis pares me vaquen. La ley está mal dada ahí”, señaló Ruiz en un programa de RPP.
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Afirmó también que la Junta Nacional de Justicia tiene cinco días hábiles para responder al recurso. Insistió en que no ocultó información y que la sentencia que recibió en 2010 fue de pena suspendida, por lo que, a su criterio, “no existe”.

El exconsejero explicó que su decisión de no declarar la condena se basó en un análisis jurídico: “Utilicé un análisis sistemático de una norma especial frente a una norma general... La sentencia quedó firme porque, en ese entonces, enfrentarse como juez al Grupo Gloria era como litigar contra un gigante”.
Los argumentos detrás de la vacancia
La JNJ resolvió la vacancia de Rafael Ruiz tras evaluar el pedido del congresista Edwin Martínez Talavera y el ciudadano Elías Domínguez López. El Pleno dejó el caso al voto el pasado 3 de abril y resolvió en función del artículo 11 de su Ley Orgánica, que impide la elección de personas condenadas por delito doloso, incluso si ya cumplieron su pena.
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Según la resolución, Ruiz omitió informar que en 2004, cuando era juez suplente del Décimo Tercer Juzgado Laboral de Lima, ordenó el embargo de cuentas de empresas vinculadas al Grupo Gloria atendiendo la demanda de un supuesto extrabajador, acción por la que fue condenado por prevaricato en 2010.
En ese sentido, la investigación disciplinaria realizada por la propia JNJ corroboró que el exmagistrado, cuando ocupaba dicho cargo, fue condenado el 7 de diciembre del 2010 a tres años de pena suspendida, un año de inhabilitación en el cargo y al pago de 1000 soles como reparación civil por dictar un fallo contrario a la ley. A pesar de que apeló, la Corte Suprema rechazó todos sus recursos en el año 2013, dejando firme la condena.
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Cabe precisar que Ruiz no declaró este antecedente en los apartados correspondientes de su hoja de vida durante el concurso público de méritos de 2024, ni tampoco durante las entrevistas personales de la etapa final. Sin embargo, a criterio del exmagistrado, él no ocultó una condena en su contra porque la sentencia que le aplicaron era una pena suspendida que, según afirma, en la práctica “no existe”.

Criterios legales de la JNJ
El Pleno de la JNJ también concluyó que la postulación de Ruiz contravenía el artículo 11 del reglamento interno, que impide la elección de sentenciados por delitos dolosos, y el artículo 156 de la Constitución, que exige a los miembros contar con “idoneidad moral”.
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Durante el proceso, Ruiz y su abogado, Iván Yataco, argumentaron que la condena ya había prescrito y que, por eso, ni siquiera pagaron la reparación civil impuesta. Sin embargo, la JNJ consideró que dichos argumentos no cumplían con los estándares de transparencia e integridad exigidos para formar parte de la institución.
Cabe señalar que la JNJ informó que en cumplimiento del artículo 19 de la misma ley, el Pleno dispuso oficiar al miembro suplente en estricto orden de mérito, a fin de que asuma la vacancia y culmine el período correspondiente al cargo titular. Se trata del abogado y excongresista nacionalista Cayo Galindo, quien ocupará la vacante dejada por Ruiz Hidalgo.
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Esta resolución fue firmada por los seis miembros restantes del Pleno: Gino Ríos (presidente), María Cabrera, Francisco Távara, Germán Serkovic, Hugo Chanduví y Jaime de la Puente.
Ahora, la decisión final sobre la reconsideración presentada por Rafael Ruiz está en manos de la misma Junta Nacional de Justicia.
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