Peruanos gastarían 3 millones de dólares en armas para defenderse de criminales en 2024, según la Cámara de Comercio de Lima

El incremento de la inseguridad ciudadana y la inefectividad del Ministerio del Interior para luchar contra la criminalidad ha generado una respuesta por parte de los peruanos a nivel nacional: el incremento en la compra de armas. Según datos de la Cámara de Comercio de Lima, el gasto en estas adquisiciones solo para el uso civil entre enero y julio del 2024 es de 1.4 millones de dólares, un 18 % más que lo registrado en el mismo periodo en el año 2023.

Cifras a las que pudo acceder Infobae Perú revelan que hasta julio del 2024 el Perú importó 5,548 pistolas semiautomáticas de diferentes marcas y países de origen; más que las registradas en el año anterior, en el que hasta julio ingresaron 4,303 de manera formal. Las más requeridas son de marca Taurus, de origen brasileño (2,931 unidades este año).

Infobae Perú conversó con Giovanni Conetta, presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Comercio de Lima, quien indicó que “Un aumento de 18 % en la importación de armas para defensa personal sin razón implica que el incremento es por la percepción de inseguridad”. Sin embargo, esta cifra solo representa aquellas compras que se hacen de manera formal.

2024: 3 millones de dólares en pistolas y revólveres a nivel nacional

Por otro lado, el presidente de la Comisión de Seguridad de la CCL confirmó que la tendencia en la compra de armas para uso civil está en alza y podría superar ampliamente las cifras alcanzadas en el año 2023, cuando se gastaron 2.4 millones de dólares en la importación de armas de fuego.

En ese sentido, el representante de la Cámara de Comercio de Lima afirmó que entre sus propuestas para la lucha contra la criminalidad está la mejora del patrullaje integrado entre los municipios y la Policía Nacional; que las víctimas de delitos los denuncien de forma oportuna, pues eso permitirá tener “mapas de delitos actualizados en tiempo real, que no existen en el país”.

Sobre el uso de la declaratoria de estado de emergencia en diferentes zonas del país, como Trujillo, Virú, Pataz y Zarumilla, Conetta sostuvo que esto no necesariamente ayudará en la lucha contra la inseguridad, pues lo que realmente ayuda “no pasa por una declaratoria, sino por acciones concretas”.

“Mientras no existan acciones concretas orientadas realmente a reducir la actividad criminal o el índice de delitos, el estado de emergencia no va a servir de nada (...) se requiere el acompañamiento de una estrategia clara. Declarar una ciudad en emergencia no es una estrategia, es una consecuencia de algo. Si no existe un objetivo claro, la declaratoria de emergencia es un anuncio mediático, pero que no va a tener un impacto realmente”, afirmó para Infobae Perú.

Conetta también indicó que los ciudadanos que tienen permiso para portar armas y que porta armas tiene que saber que llevar una y sacarla es únicamente para defenderse. “Tienen que tener claras las posibles consecuencias de usarla. Una bala perdida puede impactar en una persona inocente”

La respuesta del Ministerio del Interior: Más policías en las calles

Debido al incremento en las cifras de inseguridad ciudadana, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, tomó la decisión de implementar el ‘Operativo Génesis’, una movilización de todos los efectivos policiales de diferentes unidades operativas especializadas como el Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco), Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), SUAT, entre otras. Todas formarán parte de los operativos de amanecer seguro, incluso los que forman parte del personal administrativo de la PNP.

Sin embargo, para el exdirector general de la Policía Nacional del Perú, esta decisión es improvisada y con la intención de tener impacto mediático, pero no traerá beneficios para la lucha contra la criminalidad.

Esta propuesta se suma a la falta de estrategia del gobierno de la presidenta Dina Boluarte para luchar contra la inseguridad. Para el exministro del Interior, Gastón Rodríguez, decretar zonas en estado de emergencia y luego prorrogar la medida por varios meses, como es el caso de Trujillo, Pataz, Virú (La Libertad) y Zarumilla (Tumbes), es una medida insostenible en el tiempo, además de populista.