Ministro del Interior se refirió a la liberación de policías por parte de la comunidad Wampis

Walter Ortiz Acosta expresó que las personas detenidas por sospecha a vínculos con la minería ilegal ya están a disposición de la Fiscalía.

Compartir
Compartir articulo
Ministro del Interior se refirió a la liberación de policías por parte del Gobierno Wampís. TV Perú

En la zona de Río de Santiago, provincia de Amazonas, vueve individuos, entre ellos tres agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y seis civiles, acusados por la comunidad Wampis de estar involucrados en actividades de minería ilegal, fueron liberados, y puestos a disposción de la justicia peruana, tras negociaciones junto con el Ministerio del Interior

El ministro del Interior, Walter Ortiz Acosta, expresó durante una rueda de prensa que la liberación se logró gracias al diálogo facilitado por una Comisión de Alto Nivel, integrada por representantes gubernamentales y eclesiásticos, incluyendo al viceministro de Orden Interno, Juan José Santivañez Antúnez, y el obispo castrense de Jaén. Así como, el jefe de Región Policial, policía de Medio Ambiente y Fiscalía Militar

La intervención culminó con la entrega de los retenidos a las autoridades competentes. “El día de ayer sostuvieron un diálogo con la comunidad y logramos que, tanto civiles como policías, fueran entregados a las autoridades. Ya están a disposición de la Fiscalía”, señaló el titular del sector.

Ortiz Acosta reiteró el compromiso del Estado en erradicar la extracción ilegal de minerales. Además, hizo hincapié en el valor y eficacia de los oficiales de la Dirección de Aviación Policial, quienes realizaron un rescate aéreo crítico en un incendio en Lima, demostrando la preparación y valentía de las fuerzas del orden.

“El Gobierno Wampís saluda el acuerdo alcanzado con la Comisión de Alto Nivel del Estado peruano y anuncia su compromiso de seguir trabajando con las autoridades para garantizar el cumplimiento de estos compromisos. La Nación Wampís se mantiene firme en la protección de su territorio en favor de la pervivencia de la humanidad, encaminada hacia el buen vivir y la autonomía de sus habitantes actuales y futuros”, se lee en un comunicado.

Los acuerdos, alcanzados el 23 de abril, contemplaron acciones como la judicialización de nueve individuos involucrados en este ilícito, incluidos tres policías, y la implementación de estrategias para el desarrollo económico sostenible de la comunidad

Nación Wampis y gobierno peruano alcanzan consensos. (Composición Infobae)
Nación Wampis y gobierno peruano alcanzan consensos. (Composición Infobae)

Gobierno y Nación Wampís alcanzaron consensos contra minería ilegal

En los términos acordados, se destacaron varios puntos clave para contrarrestar los efectos de la minería ilegal. Estos incluyen la formación de un plan específico de interdicción, el reconocimiento del grupo de vigilancia ambiental Charip, y la creación de un comité multisectorial que promoverá iniciativas económicas en armonía con el territorio wampís.

Además, se estableció la destrucción de la maquinaria incautada usada en la minería ilícita, enfatizando en un enfoque proactivo y sostenible para abordar el problema. Este encuentro contó con la presencia de altos funcionarios del estado y representantes de la comunidad de Villa Gonzalo, incluidos Kefrén Graña y Wrays Pérez, quienes han sido voces activas en la lucha contra la explotación ilegal de recursos.

Foto: GTANW
Foto: GTANW

El caso emergió con mayor visibilidad el 18 de abril, cuando líderes wampís retuvieron a tres oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) bajo la acusación de favorecer operaciones de extracción ilegal en la zona. También varios mineros, incluidos ciudadanos ecuatorianos, fueron detenidos. Este episodio destapó la compleja red de corrupción que no solo mancha la imagen de la PNP sino que transgrede las legislaciones ambientales vigentes.

Según lo denunciado por la Nación Wampís, la minería sin permisos ha devastado cerca de 40 hectáreas de bosque tan solo desde octubre del año anterior, pese a los repetidos llamados a las autoridades para un mayor control y presencia policial en la región, especialmente en el río Cenepa.

Para hacer frente a esta amenaza de forma autónoma, la comunidad organizó el denominado Ejército Verde, un grupo de vigilancia indígena dedicado a la intercepción de equipos mineros, evidenciando un creciente problema que ha traído consigo violencia, conflictos y abusos contra la población local.