La Junta Nacional de Justicia (JNJ) puso de conocimiento —de manera oficial— al Tribunal Constitucional sobre la presunta organización criminal que lideraría la suspendida exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, y solicitó que se tome en cuenta dichos hechos al momento de resolver la demanda competencial que formuló la extitular del Ministerio Público con el objetivo de anular investigaciones disciplinarias.
En el escrito al que accedió Infobae Perú, la entidad demandada reitera que el recurso de Benavides Vargas solo busca “bloquear, injustificadamente, el ejercicio de la función disciplinaria de la JNJ” y, de esta manera, evitar que la exfiscal de la Nación sea investigada en dicha instancia.
“Para poner en evidencia ello, resulta necesario hacer mención de los hechos (nuevos) recientemente conocidos a través de los medios de comunicación, que aportan a lo expresado en nuestra contestación de demanda, en cuanto se indicó que la pretensión de la demandante tiene como evidente propósito limitar las facultades de la JNJ”, se lee en el documento.
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La entidad encargada de nombrar, ratificar y destituir jueces y fiscales destaca que uno de los objetivos de la presunta organización criminal que lideraría Patricia Benavides era la remoción de todos los consejeros “con la finalidad de que no sea destituida del cargo de Fiscal de la Nación”.
“Presuntamente los investigados (Jaime Villanueva, Abel Hurtado y Miguel Girao), en su condición de asesores de confianza de la fiscal de la Nación, junto con esta, tenían como propósito - entre otros- remover a la Junta Nacional de Justicia, con la finalidad de que la demandante, Liz Patricia Benavides Vargas, no pueda ser investigada y, potencialmente, destituida del cargo de Fiscal de la Nación”, reza el documento.
Para el organismo constitucionalmente autónomo, los graves hechos que salpican a Patricia Benavides —que llevaron a que sea suspendida preventivamente del cargo de fiscal suprema—, corrobora que la demanda competencial estaría siendo utilizada “con la única intención de sustraerse, indebidamente, de las investigaciones de la Junta Nacional de Justicia, y con ello, afectar el orden público, al pretender alterar el carácter imperativo de las normas que establecen los mecanismos de control funcional de los jueces y fiscales, debilitando los esfuerzos del Estado por la lucha contra la corrupción”.
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Jaime Villanueva coordinaba con magistrados
Según un informe de Hildebrandt en sus trece, el exasesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, reveló al Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder que, además de congresistas, conversaba con fiscales de diferentes niveles, periodistas y magistrados.
Villanueva Barreto, ya acogido a colaboración eficaz, reiteró que las comunicaciones que entablaba con servidores públicos lo hacía por expreso encargo de Benavides.
Además, dio a conocer que la extitular del Ministerio Público usaría el alias de “Vane” —probablemente un seudónimo creado a partir de las dos primeras sílabas del apellido Benavides— para no ser identificada.
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De acuerdo con el informe periodístico, Jaime Villanueva entregó su teléfono celular al Equipo Especial que lidera la recientemente restituida fiscal Marita Barreto para sustentar sus declaraciones.
Tras declarar por jornadas consecutivas, la Fiscalía decidió no solicitar una orden de prisión preventiva en su contra, por lo que el exasesor de la fiscal de la Nación salió en libertad la madrugada del miércoles 6 de diciembre.