Los docentes que cometen actos de violencia sexual contra sus estudiantes deben ser destituidos por cinco años de sus funciones de enseñanza, según la Ley de Reforma Magisterial. Pero luego de este tiempo pueden volver a los colegios, en puestos de personal administrativo. La ministra de Educación anunció este lunes 9 de octubre que se ha decidido, en Consejo de Ministros, modificar aquella disposición para que los profesores sean inhabilitados de forma permanente.
La titular del sector Educación, Miriam Ponce, dijo que esta modificación legal se hace con el fin de que los profesores que cometen este tipo de agresión sexual no tengan ninguna posibilidad de retornar a las aulas ni a ninguna otra instancia del sector, como las Unidades de Gestión Local (Ugel) o en una Dirección Regional de Educación (DRE). Ponce añadió que la norma dispone “inhabilitación permanente y la prescripción de la acción disciplinaria, así como la imprescriptibilidad, de las conductas de hostigamiento sexual en el sector educación”.
La ministra explicó que dicho cambio legal, próximo a concretarse, “garantizará no solo la seguridad de los padres de familia, sino la seguridad de nuestros estudiantes en todos los niveles educativos”, apuntó.
Desde 2013, más de 7 mil profesores han sido denunciados por violencia sexual, a través del portal Síseve, del Ministerio de Educación. De este gran grupo, solo 466 recibieron sanción, pero a ninguno fue destituido de las aulas, revela un informe del Comercio de agosto de 2023.
El medio periodístico también indica que 154 profesores que sí fueron sancionados con destitución. Sin embargo, ya venció su inhabilitación. Por lo que este nuevo cambio del artículo 49 de la Ley de Reforma Magisterial, el cual anuncia la ministra de Educación, ya no permitiría que estos profesores que cometieron hostigamiento sexual regresen a enseñar cuando caduque su sanción.
La titular de Educación finalizó su participación en la conferencia de prensa resaltando su preocupación por los niños, niñas y adolescentes. “Seguiremos trabajando para proteger a los estudiantes, queremos fortalecer a los colegios como lugares seguros y libres de violencia y así poder contribuir a la protección social y su impacto en el aprendizaje”, dijo.
Sin embargo, en agosto, el Ministerio de Educación, indicó que haría pública la lista de nombres de los docentes sentenciados por delitos sexuales, esto incluye acoso, hostigamiento y violación sexual. Han pasado dos meses, y la entidad no ha transparentado el registro. “Ya hemos dispuesto que se haga pública la relación de aquellos docentes que han sido sancionados por un tema de acoso o violencia sexual contra los alumnos”, dijo la anterior titula del sector, Magnet Marquez, a la prensa.
La Defensoría del Pueblo le pide al Estado que “implemente mecanismos que contribuyan a su seguimiento estricto (a las denuncias del portal Siseve del Minedu) con la finalidad de garantizar que no se permita el retorno de personal de instituciones educativas con denuncias de violencia, especialmente, de tipo sexual, debido a que ponen en riesgo la integridad de niñas, niños y adolescentes”. La institución también hace énfasis que el retorno de los agresores al lugar de enseñanza revictimizan a los estudiantes afectados, lo que agrava su situación de vulnerabilidad.
Diversos medios de comunicación y organizaciones han denunciado que el número de denuncias es aún mayor que el que registra la plataforma del Siseve. Por ejemplo, la asociación Chirapaq (Centro de Culturas Indígenas del Perú), ha emitido distintos informes donde alerta que en las zonas rurales hay problemas de acceso a internet para poder registrar las denuncias contra los docentes. También hay barreras geográficas que les impide a las familias viajar hasta las Ugeles para reportar los casos.
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