TC oficializa que comisión del Congreso a cargo de investigar falso fraude electoral es inconstitucional

El Tribunal Constitucional (TC) oficializó que es inconstitucional la comisión del Congreso de la República a cargo de investigar el supuesto fraude electoral que denunció el partido Fuerza Popular en 2011, luego que su candita presidencial, Keiko Fujimori, perdiera la contienda contra Pedro Castillo.

La decisión del organismo ya había sido comunicada con antelación por el magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse, pero aún estaba pendiente que se publique el documento de la sentencia que lo oficializaba. Este lunes 7 de agosto, el TC compartió el expediente y zanjó el tema.

La declatoria de inconstitucional a esa comisión se da luego que el máximo intérprete de la Carta Marga de nuestro país declarada fundada la demanda competencial que planteó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) contra el Congreso en octubre de 2021, por el grupo de trabajo que presidió el parlamentario de Renovación Popular, Jorge Montoya.

“El TC ha aprobado por unanimidad declarar inconstitucional la investigación de la comisión investigadora que se le hizo al presidente del JNE, y (el TC) ha dicho que es nula esa investigación hecha por el Congreso”, dijo Gutiérrez Ticse en entrevista con Canal N, la noche del pasado 25 de julio.

El motivo para fallar a favor de la máxima autoridad electoral es que no se alcanzó el número de votos necesarios para aprobar la moción de orden del día 28, que propone constituir una comisión investigadora de las Elecciones Generales de 2021 a fin de indagar “los presuntos actos de corrupción y cualquier otro tipo de delitos que involucren a funcionarios o servidores públicos; así como a cualquier persona natural que resulte responsable de haber atentado contra el orden electoral y la voluntad popular”.

En efecto, al votarse la referida moción, el acciopopulista José Arriola marcó a favor por error. Envió oficios a Oficialía Mayor y a la Presidencia del Congreso, a cargo en ese entonces por su correligionaria María del Carmen Alva, solicitando que se cambie su voto a abstención. Sin embargo, nunca recibió una respuesta.

“Hubo un voto menos que se contó indebidamente para la composición de dicha comisión. Evidentemente, creyendo en el modelo constitucional, somos fieles creyentes de que las comisiones investigadoras tienen un rol de investigación y enjuiciamiento político. Pero en este caso han incumplido un deber que se ha establecido en el Reglamento del Congreso. Esta decisión que le favorece a Salas Arenas y al JNE”, agregó el magistrado del TC.

En efecto, sin el voto de Arriola Tueros el número de votos queda en 45, con lo cual era imposible que se conforme la comisión investigadora.

Como se recuerda, el informe final en mayoría de la comisión investigadora del falso fraude electoral, redactado por el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular), fue rechazado por el pleno del Congreso.

Inmediatamente, se puso a debate el informe en minoría, suscrito por la legisladora Sigrid Bazán (Cambio Democrático). No obstante, este documento tampoco fue admitida por la representación nacional.

El autor de la presenta nota dio a conocer, en un artículo publicado en Diario La República, que esta comisión investigadora le costó al Estado un total de 216.347,67 soles, monto del cual 211.106,72 se destinó únicamente al pago de asesores.

En la demanda competencial, el JNE alega que el Congreso menoscabó sus competencias exclusivas en material electoral al crear la comisión investigadoras del falso fraude.

“El propósito material de la comisión investigadora en cuestión consiste en investigar el proceso de elecciones y la actuación de los órganos electorales ejerciendo su competencia de un modo ilegítimo y afectando las del JNE. Añade que los argumentos desarrollados se fundan en cuestionamientos que ya han sido desestimados por la justicia electoral o que, en otros casos, se trata de meras especulaciones propias de las contiendas políticas”, cuestionó la entidad.