Alejandro Salas señala que pudo cortar el mensaje del autogolpe de Pedro Castillo

Alejandro Salas, quien presidió las carteras de Trabajo y Cultura durante el gobierno de Pedro Castillo (2021-2022), dijo este martes que pudo interrumpir el mensaje del autogolpe, en diciembre de 2022, si le hubieran permitido ingresar al despacho presidencial.

“Seguramente, algo de lo que le hubiese dicho sería como lo que le dije al final: “Lo que has leído es un delito”, yo lo dije delante de todos los que estaban ahí. (...) Le iba a advertir lo mismo, que iba a terminar preso”, agregó.

Salas, por quien Castillo preguntó antes de salir al aire el 7 de diciembre, ratificó que vio el mensaje por televisión en el Salón Quiñones, “sentado en una mesa”. También evaluó que no le dieron acceso porque pediría el texto antes de ser leído.

“Lo iba a hacer con autoridad, porque yo era uno de los que iba a ejercer la defensa política en el Congreso. De pronto, lo que iba a leer iba a malograr lo que íbamos a hacer en la tarde. Ahí seguramente se iba a generar un problema en el despacho presidencial y seguro iba a terminar en otra historia, pero seguramente igual yo terminaría renunciando y denunciando lo que había leído”, remarcó al diario.

Un video difundido por Panamericana Televisión reveló el fin de semana que el exjefe de Estado coordinó con su equipo de trabajo la transmisión de su discurso. La imagen de Betssy Chávez también aparece en la toma previa.

Por esta difusión, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó el informe final que recomienda acusar a Chávez y a los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez de coautores del fallido autogolpe. Ahora, el informe deberá ser ratificado por la Comisión Permanente antes de llegar al pleno para su debate y votación.

Desde entonces, el exmandatario permanece en prisión preventiva en un penal de Lima, mientras lo investigan por los delitos de rebelión y conspiración.

En paralelo, el 17 de febrero pasado, el pleno aprobó el informe final de una denuncia constitucional que recomienda acusarlo por presuntamente encabezar una red criminal en su Gobierno que, según la Fiscalía, otorgó licitaciones fraudulentas de obras públicas.