Un acuerdo flojo de papeles que nadie quiere y que les conviene a todos

Primero los hechos. El gobierno argentino y el Fondo Monetario llegaron a un acuerdo para que la Argentina reciba un crédito de facilidades extendidas por unos 44.500 millones de dólares, para pagar el saldo del crédito Stand By recibido en el 2018, por unos 40100 millones de dólares. Todo esto es en concepto de capital, a lo que habrá que sumar los pagos de intereses en cada oportunidad.

En otras palabras, el gobierno del presidente Fernández recibe un crédito “neto” por unos 4400 millones de dólares, monto que junto a otros 6200 millones de dólares llegarán el 22 de marzo para poder pagar los aproximadamente 3500 millones de dólares que vencen entre marzo y abril. Lo que “sobra” irá a parar a las reservas del Banco Central.

A partir de allí, en cada trimestre, habrá un desembolso más o menos parecido, al pago correspondiente. Luego, cada desembolso nuevo se paga en 10 años, siendo el primer pago a partir del 2026.

Estas son las condiciones financieras del acuerdo. Pasemos a las condiciones de “política económica”. El Gobierno se compromete a reducir gradualmente el déficit fiscal primario, antes del pago de intereses. Limitar el financiamiento con emisión monetaria directa del Banco Central. Reducir los subsidios a la energía. Mover el precio del dólar oficial en línea con la tasa de inflación interna. (¿Descontada la inflación internacional?). Y que la tasa de interés en pesos supere a la tasa de inflación esperada.

Se compromete, además, a acumular reservas netas por 15.000 millones de dólares de aquí al 2024, incluidos los 4.500 millones de dólares nuevos que presta el FMI. Elaborar una “hoja de ruta” para fin de año, sobre un esquema de salida gradual del cepo cambiario y sobre qué hacer con la deuda que se acumuló y se seguirá acumulando en el Banco Central.

Existen, además, otros compromisos para evaluar normas y regulaciones en distintos campos. A los efectos prácticos, cuasi sarasa.

Como cada uno de los compromisos cuantitativos se revisarán trimestralmente, antes de largar un dólar, la pregunta que surge es: ¿Son cumplibles? Veamos.

El compromiso fiscal se basa en mayor recaudación por crecimiento de la economía, y por los menores subsidios a la energía. Si los precios de importación de gas, producto de la invasión de Rusia a Ucrania, se mantienen en los niveles actuales, la suba de tarifas propuesta es insuficiente.

De manera que, o las tarifas suben más de lo que se propone ahora. O hay aumento de impuestos - ¿retenciones? - o hay licuación de jubilaciones y gasto social con mayor inflación hacia delante. O hay un pedido de “disculpas por el incumplimiento” (técnicamente “waiver”), bajo el argumento de que “la situación internacional afectó los cálculos de aumento de tarifas, por la explosión del precio del gas de importación”.

La meta de reservas, por este año, luce cumplible, dado que 4.500 millones de dólares los aporta el propio FMI. Pero, todo dependerá de las importaciones de gas, y de cuánto se liberará para el resto de las importaciones. Otra vez, siempre hay un waiver en el manga relacionado con la incertidumbre respecto del escenario internacional.

Lo curioso de este acuerdo es que, a diferencia de los habituales condicionantes técnicos, no incluye ninguna “meta” de corto plazo a la emisión monetaria fuera del financiamiento del déficit fiscal, ni propone una “solución” a la deuda acumulada en el Banco Central, en torno a los 5 billones de pesos, que genera, autónomamente emisión para pagar los intereses de dicha deuda.

Parece que tanto el ministro como el staff del Fondo han dejado como “válvula de escape” a la tasa de inflación.

Como mencionara previamente, el esquema fiscal cierra o con más impuestos, o con más aumento de tarifas que las ya anunciadas, o con más inflación, o con un waiver.

Pero sucede que, sin ancla cambiaria, sin ancla tarifaria, sin límites estrictos a la emisión monetaria, la inflación no sólo puede aumentar, si no que se puede acelerar, y todo el andamiaje del acuerdo se basa en una tasa de inflación que no baja, pero que no se acelera. Al respecto, están previstos también acuerdos “voluntarios” de precios.

Desde el punto de vista estrictamente técnico, es un programa “flojito de papeles”, pero, dados los fuertes desequilibrios acumulados, y la ausencia de vocación de reformas en serio del gobierno, es lo que hay para evitar, por ahora, entrar en atrasos con el Fondo y caernos definitivamente del mundo.

Visto desde la política es un acuerdo que nadie quiere pero que le conviene a todos.

No lo quiere el Gobierno, porque le quita grados de libertad, lo enfrenta con el resto de la coalición gobernante y con los votantes, porque como esta armado ofrece muchos costos y pocas soluciones.

No lo quiere el kirchnerismo, porque lo considera, erróneamente, la peor alternativa, con vistas a las elecciones del 2023. No lo quiere la oposición, porque sólo tira la pelota afuera, pero sigue acumulando los problemas para el 2024.

No lo quiere el Fondo, porque sabe que, tendrá que renegociar y seguir destruyendo su ya baja reputación. Pero le conviene al Gobierno, porque lo aleja, por ahora, de un desastre.

Le conviene al kirchnerismo “opositor”, porque se evita el desastre, pero ellos no aparecen “pegados” a las políticas del arreglo y mantiene la posición dura ante su feligresía.

Le conviene a la coalición opositora, porque, si la ley se redacta como corresponde, puede aprobar el nuevo endeudamiento, pero no hacerse responsable de las políticas que lo condicionan.

Y le conviene al Fondo, porque, contablemente al menos, sigue mostrando que sus clientes “cumplen” y solo arriesga 4.400 millones de dólares.

En síntesis, es un programa “es lo que hay”, técnica y políticamente, que aleja transitoriamente el desastre, pero sólo transitoriamente, dado el riesgo latente de aceleración de la tasa de inflación.

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