¿Renta o trabajo universal?

Cómo señala la Carta Encíclica “Laborem Exersens”: “con su trabajo el hombre ha de procurarse el pan cotidiano, contribuir al continuo progreso de las ciencias y la técnica, y sobre todo a la incesante elevación cultural y moral de la sociedad en la que vive en comunidad con sus hermanos”.

Los planes, programas y proyectos que todo “buen gobierno” tiene como prima ratio, deben centrarse en acciones que procuren la generación de empleo.

De esta forma, el desarrollo económico, dado el crecimiento vegetativo de la población, sólo puede encontrar su cauce en las fuerzas productivas de la vida comunitaria, sustentando, “con el sudor de su frente”, las necesidades vitales.

Aunque es atendible, que existan marcos excepcionales, en general de corto plazo, donde los distintos niveles ejecutivos, intervengan en la asistencia de parte de la población cuando el “motor de la producción” no puede absorber el total del trabajo disponible.

Pero esta acción coyuntural, de ninguna forma, puede considerarse como una política sine die, ya que, como se afirmara en el artículo “Producir más y distribuir mejor” “(…) para cualquier país es cierto que, en la medida que su economía produce más bienes y servicios, mayor es el bienestar que podría proporcionar a sus habitantes. Pero el aumento de los medios de pago no causa el mismo efecto. Sólo a partir de la plena utilización de todos los factores de producción puede aspirarse a la erradicación de la pobreza”.

Renta universal, rendición ante el fracaso.

Como fue ut supra señalado, la persona humana, en tanto “componente relevante” de la fuerza laboral, se realiza “en y mediante el trabajo”, conjugando el capital con el esfuerzo físico e intelectual.

Ahora bien, producto de “la singularidad” con que fue abordada la pandemia por el actual oficialismo, y tal cual fue señalado en “Las horas trabajadas y los déficits en la oferta de bienes y servicios” los indicadores socioeconómicos contienen, entre otros, a aquellos asalariados que conservan la relación laboral con su empresa (técnicamente ocupados), sin desempeñar, necesaria y efectivamente sus labores.

Esto a su vez, catalizó el debate entorno al reemplazo de la mano de obra por los procesos de automatización, que articulados con la denominada inteligencia artificial, maximizarían la generación de bienes y servicios con mínima intervención humana desencadenando un excedente estructural del factor trabajo.

De ambas consideraciones se bifurcan, acorde a su cosmovisión, dos difusos planteos:

· Aquel que, avalando la explotación del hombre por el hombre (con un criterio valorativo positivo respecto de la “competencia”), entiende que el sistema incorporará sólo a los “aptos” y,

· El que, considerando un excedente estructural de mano de obra, manifiesta que deben buscarse mecanismos para su financiamiento a partir de una traslación directa de ingresos inter-sectores.

La primera, por vulnerar el “principio de justicia” y la otra, por proponer un “salario del excluido”, son ética y técnicamente insatisfactorias.

Restaurar el principio regente: el trabajo.

“Toca a los poderes públicos escoger y ver el modo de imponer los objetivos que han de proponer, las metas que habrán de fijar y los medios para llegar a ellas, estimulando al mismo tiempo todas las fuerzas agrupadas en esta acción común.”

El “vector ordenador” de todo objetivo concebido para el aumento de la producción debe tener en su centro al “trabajo universal” en tanto búsqueda del “bien común”, pues allí se garantiza el derecho al empleo, generándose el bienestar social debido a la consolidación y permanencia de sus miembros dentro del mercado laboral.

De esta forma, las empresas y los sindicatos adquieren un rol primordial, en la integración del “dominio comunitario”.

En este marco, trabajo y capital “laboran” en armonía a partir de mantener constante:

· La plusvalía relativa y,

· La tasa de acumulación de capital.

Cualquier propuesta que atente contra ese statu quo, tendrá como consecuencia el desequilibrio del potencial óptimo ya que:

· Se incrementará la explotación de la persona humana o bien,

· Disminuirá la tasa de inversión necesaria para garantizar el pleno empleo.

En este último caso, y descontando la posibilidad de financiar el déficit fiscal con el “impuesto inflacionario”, el “salario del excluido o universal” sólo podrá solventarse a partir de una nueva gabela a las personas humanas o jurídicas con capacidad contributiva.

Naturalmente, ello parte del supuesto que la asignación de esa recaudación plus, presenta una eficiencia y eficacia superior a la que “libremente” podrían disponer aquellos a quienes les fue detraído su ingreso.

Va de suyo que, de esta forma, se produce una exacción del ahorro comunitario en favor del consumo, perjudicando la inversión y, por lo tanto, el incremento de los bienes y servicios indispensables para satisfacer las necesidades, presentes y futuras, de la población.

Bajo estas circunstancias, la supuesta “distribución equitativa” del ingreso sólo podría darse en una espiral descendente que “iguala hacia abajo”.

Sólo un Modelo de Desarrollo Económico Permanente y Sustentable (MoDEPyS), con orientación a la producción, en donde el eje primordial es el trabajo, en mancomunión con el capital, permitirá la expansión de la base material de la Nación.

* En coautoría con Gastón Bres y Leandro Cárcamo Manna. Colaboró: Marcos von Ifflinger.