La política energética se transformó en un cable de alta tensión para la macroeconomía

¿Cómo brindarle energía que por sus características cotiza en dólares a una población cuyos ingresos cotizan en pesos evaluados? La respuesta es simple: subsidiando. ¿Hasta cuándo se podría subsidiar? Hasta que la macroeconomía resista, luego vendrían cortes de oferta. La pregunta más difícil en estos días parece ser: ¿cómo subsidiar?

Para invertir en un proyecto energético (sea petróleo, gas, un parque eólico o una planta eléctrica) las empresas globales hacen un flujo de fondos en dólares, comparando rentabilidad y riesgo en distintos países. Una vez decidida la inversión, tratan de embolsar ese flujo de fondos proyectado tratando vender la producción al mejor precio. Sin embargo, no todos los aspectos son así de parecidos entre las inversiones en petróleo, gas o eléctricas.

El petróleo por sus características puede exportarse a precio internacional (para controlar su precio interno en general se acude a las retenciones). El gas más allá de que en gran parte del mundo en su versión licuada es una materia prima (por ejemplo cuando se importa en barcos), en Argentina todavía no para su exportación. Para al menos mantener la producción de gas y petróleo se requiere una inversión constante. Para construir una planta eléctrica en el país, el inversor querrá asegurarse un ingreso futuro en dólares, pero una vez hundida la inversión no podrá hacer mucho si le cambian las reglas porque todavía no se puede exportar energía eléctrica libremente como una materia prima.

Brecha de precios

Por otro lado, en Argentina se ve una gran diferencia en relación a la evolución de los precios de estos distintos tipos de energía al público. Mientras los combustibles líquidos (naftas y gasoil) aumentaron un 2% en dólares marzo 2021 vs marzo 2020 (16% si se compara contra el piso de julio del 2020), la energía eléctrica para residenciales cayó 30% y el gas también bajó, 20% en el mismo período y moneda.

Suena lógico que se proteja más los precios de los servicios básicos de la demanda para vivir y calefaccionarse frente a los combustibles líquidos para transportarse (aunque gran parte de las necesidades básicas alimenticias se transportan).

Sin embargo, como explicamos anteriormente la dinámica la oferta no es tan diferente. Los tres requirieron y requieren ingresos en dólares para invertir. Y actualmente están recibiendo esos ingresos dolarizados por contrato. La diferencia la está pagando el Estado: el Estado paga el 60% del costo de la energía eléctrica (pagamos solo el 40% del costo en las facturas) y aproximadamente el 45% del costo del gas (pagamos el 55% del costo en nuestras facturas).

El Estado lo paga, quiere decir que lo pagamos todos. Todos decidimos subsidiarnos el gas y la energía eléctrica a todos (independientemente de nuestro poder adquisitivo). Ese dinero representó 1,7% del PBI en el 2020, equivalente a USD 6.000 millones, y según el Presupuesto 2021 se esperaba mantener esa relación del 1,7% del PBI (el déficit fiscal primario total previsto es del 4,5% del PBI). A causa de las sucesivas devaluaciones y congelamientos de tarifas, ese porcentaje va a aumentar en el corriente año.

Este monto de dinero tan grande de subsidios energéticos que va hacia toda la sociedad, claramente, podría dirigirse mejor en un país con 42% de pobres en el promedio del segundo semestre de 2020. Podría cobrarse la tarifa entera de energía y destinar ese dinero por otra vía a las personas con mayores necesidades. De esta forma se evitarían segmentaciones difíciles de hacer, que después causan mercados secundarios y arreglos por otro lado y el no reconocimiento del costo de la energía que además pueden causar derroches.

Emisión que genera inflación

A falta de superávit, todos estos subsidios son financiados con mayor emisión monetaria que luego causan inflación y finalmente llegan por otra vía a los precios de los consumidores (más tarde, pero llegan).

A menos de que se quiera llegar a cortar la energía a parte de la población, la energía que no hay la importa el Estado (vía gas gaseoso o licuado o líquidos para generación eléctrica). Y la importa a un costo del doble o hasta triple del valor local. Y esas son divisas que salen del Banco Central.

En el último año el saldo negativo de importaciones menos exportaciones de gas en volumen aumentó 53% y todavía no llegó el invierno con el regreso del barco regasificador de Bahía Blanca. Por otro lado, el uso de líquidos más caros y contaminantes para generación eléctrica se triplicó en el último año.

Más allá de que estos números ya venían agravándose en 2020, el derrumbe del precio internacional de gas licuado y petróleo alivianó la salida de dólares del país. Eso no va a suceder este año en un mundo con precios de las materias primas recuperados (petróleo de vuelta en torno a USD 60 el barril y gas licuado alrededor de USD 10 por millón de BTU.

Es importante recordar que la matriz energética argentina primaria todavía tiene 84% de hidrocarburos (gas 57%, petróleo 27%) y de la generación eléctrica, el 61% es térmica, con uso de gas.

Restricción adicional

Como si fuera poco, más presión en la olla causan los increíbles cortes de ruta en Neuquén durante 21 días. Una vez más en la Argentina se da el efecto perinola. El sector de la salud neuquino en un reclamo probablemente legítimo ante una inflación galopante, salarios que no acompañaban y un trabajo estresante en pandemia cortan la ruta afectando a otros sectores incluidos el energético que nada pueden hacer para solucionar su problema.

De esta forma se ve afectada la producción e inversiones petroleras (estimamos en aproximadamente un 3% de la producción del país), además de sumar un nuevo factor de incertidumbre futura al desarrollo de Vaca Muerta mientras las empresas piensan los presupuestos del 2022. Estos cortes justo cuando el Plan Gas 4 que estaba reactivando las inversiones tan postergadas y necesarias para evitar un drenaje de divisas en invierno, parece kafkiano. Queda la duda si las empresas productoras se basarán en estos cortes de fuerza mayor como causa de retrasos de producciones comprometidas en el plan.

Podríamos preguntarnos: ¿se puede aumentar tarifas en medio de la pandemia interminable y en un año electoral? La respuesta la dio la política en este caso: no. De esta forma vamos a tener aumentos anuales de un dígito en gas y energía eléctrica frente a una inflación de más del 40% y un fortalecimiento del ala cristinista del gobierno. Así, en una situación económica y social angustiante, se prioriza el corto plazo frente al largo plazo una vez más.

Como venimos viendo en las últimas décadas, la política energética se transformó en un cable de alta tensión para la macroeconomía y para los últimos gobiernos. Esperemos que algún día esa tensión e inmenso potencial dejen de causarnos dolores de cabeza y permitan desarrollarnos como sociedad.

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