El arreglo con los acreedores y las 60 medidas del Presidente

Si bien la carga sobre la cuenta financiera en lo que resta del mandato del actual Gobierno tendrá un alivio considerable, tras el acuerdo que logró el ministro Martín Guzmán con los bonistas bajo legislación extranjera, el déficit fiscal está alcanzando alturas delicadas.

Haciendo caso omiso a las recomendaciones más cautelosas, el Gobierno ha anunciado que prepara un “importante” paquete de 60 medidas, que ha provocado una ola de fuertes críticas. Las más insistentes provienen de los economistas más ortodoxos, que sostienen que los lineamientos que se intentan implementar implican un regreso a las prácticas del pasado que han sumido al país en la pobreza y el estancamiento.

Argumentan muchos expertos que, lejos de conseguir los objetivos deseados, se desencadenará un incremento de los desequilibrios estructurales que impiden crecer y progresar a la economía argentina. Carlos Rodríguez ha escrito profusa e insistentemente sobre la necesidad de realizar un amplio “ajuste estructural”.

Pero existe una importante confusión sobre el significado de este término, ya que usualmente se lo utiliza para caracterizar a las medidas de política económica que recomienda el Fondo Monetario Internacional (FMI) como condicionamiento, previo al otorgamiento de préstamos destinados a paliar las dificultades transitorias de balanza de pagos de sus países miembros.

Asesorados por el organismo de crédito multilateral, el aumento de la presión impositiva ha sido la única herramienta que los distintos gobiernos argentinos han utilizado cada vez que una crisis cambiaria golpeó a las puertas del BCRA. Cuando la tributación es excesiva, al aumentar los impuestos, el “efecto Laffer”; impide una mejora sustancial de la recaudación, más allá del corto plazo. La mejora cambiaria y la reducción del déficit fiscal, una vez superado el efecto inicial, tienden a volver a su equilibrio natural, es decir a aquel que está implícito en el incólume nivel del gasto público.

El ajuste estructural

Carlos Rodríguez insiste permanentemente en la necesidad de implementar un programa económico que reasigne los recursos existentes desde los usos más ineficientes de la actualidad hacia otros más eficientes en el futuro. Es esta su definición de “ajuste estructural”. Esta reasignación persigue el objetivo de incrementar la productividad general de la economía para, así, recuperar el crecimiento y mejorar el resto de las variables, tales como exportaciones, empleo y salarios, entre otras.

Sobre este tema, es necesario destacar las enseñanzas de Juan Carlos de Pablo, que son terminantes en cuanto al absurdo de implementar algunas pocas medidas, sin profundidad, coordinación ni convicción.

Fueron varios los intentos fallidos, en el pasado, por insuficientes y amarretes. Dice De Pablo: “un plan incompleto es peor que un “no plan”. Si no se suma una masa crítica, los resultados son efímeros y la opinión pública se vuelca contra el “ajuste”; y culpa al “neoliberalismo”; de todos los males de la cristiandad.

Por otro lado, este tipo de programas, no forman parte de los planes de corto plazo del FMI, sino que suelen ser recomendados como condicionamiento para el otorgamiento de préstamos de más largo plazo, generalmente denominados “facilidades extendidas”.

Las reformas estructurales que recomienda Rodríguez son necesarias por sí mismas y no debería importar que el Fondo las requiera o no. Una actitud inteligente sería adelantarse proponiendo las medidas y solicitar luego el apoyo disponible. Podrían obtenerse algo así como 10.000 o 15.000 millones de dólares, a pagar en diez años y con una muy baja tasa de interés.

Esos fondos debieran destinarse a financiar el efecto de una fuerte reducción de los impuestos más distorsivos, como Ingresos Brutos, a los Débitos y Créditos Bancarios y todas las gabelas que se incluyen en las facturas de los servicios públicos que son pagados por el sector productivo.

El ajuste requerido debería abarcar, como mínimo, una reforma laboral, una reforma previsional, una racionalización y fuerte baja del gasto público en los tres niveles de gobierno (nación, provincias y municipios), una reforma impositiva y una profunda e incondicional apertura económica con la firma de tratados de libre comercio con las principales potencias económicas del orbe.

Sin estas medidas, el futuro próximo es muy preocupante. Se avizora un gravísimo deterioro del nivel de ocupación y un incremento significativo de la inflación, la pobreza y el ánimo de la sociedad.

La oportunidad de desbaratar el feo escenario que pinta en el horizonte cercano es única. Con una pizca de conocimiento de la Teoría de las Expectativas Racionales, los gobernantes locales comprenderían que el anuncio de un paquete de medidas como el propuesto mejoraría rápidamente el clima de negocios y desataría un vendaval de inversiones, sobre todo en el sector pyme. Se produciría un mejoramiento rápido de la producción y el empleo y se abandonaría definitivamente el sendero decadente en el que estamos inmersos desde hace décadas.

El autor es economista y asesor financiero

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