Los barrios populares en la Argentina del (post) COVID-19

Los barrios populares vuelven a estar en el centro de la discusión pública dado el avance de casos de coronavirus y el trágico registro de las primeras fatalidades en villas de la Ciudad de Buenos Aires.

En días en que necesariamente se atiende y se debate la emergencia (y se entrecruza la política) es importante asimismo traer al centro del debate la cuestión de fondo: la informalidad urbana continúa siendo la manifestación territorial más cruda de la desigualdad en la Argentina.

Al menos 4 millones de personas viven en los barrios populares, sin acceso formal a los servicios básicos de agua potable, cloacas y electricidad. El 40% de ellos son menores de 15 años. Alrededor del 40% de los barrios y del 50% de sus habitantes están en la provincia de Buenos Aires. Más de la mitad existe desde antes del año 2000 y casi un cuarto surgió en la primera década del siglo XXI, lo cual habla al mismo tiempo del carácter histórico de la problemática (hay barrios de hasta 100 años de existencia) y de una clara correlación entre la proliferación de la informalidad urbana y los ciclos económicos adversos.

No hay cohesión social ni desarrollo posible con el 10% de la población viviendo en condiciones indignas, con derechos vulnerados y enfrentando problemas multidimensionales que tendrán graves consecuencias intergeneracionales si no se los encara de manera sostenida y a la escala adecuada.

Más allá de la asistencia inmediata, y dejando atrás toda división político-partidaria, debemos trabajar más que nunca por la plena integración socio-urbana de las más de 4.400 villas y asentamientos de nuestro país, rechazando manifestaciones oportunistas que solo contribuyen a la consolidación del statu quo.

El impacto de la crisis

La crisis del COVID-19 deja expuesta la realidad de los barrios populares, soslayada por décadas en nuestro país. No solo es prácticamente imposible para los vecinos cumplir con las recomendaciones sanitarias durante el aislamiento (hacinamiento en viviendas precarias, falta de agua potable y saneamiento), sino que su economía se ve cuasi paralizada con las restricciones sobre la actividad.

Más del 85% de las trabajadoras y trabajadores de los barrios populares son empleados informales, eventuales o independientes que en la mayoría de los casos viven al día y fuera de toda red de protección laboral ante shocks como el que sobrevino a la crisis sanitaria. La mayoría de ellas y ellos trabajan en la construcción, el cartoneo y la pequeña producción, todos sectores donde el nivel de actividad pasó de muy poco a cero de un día para el otro. Inclusive miles de trabajadoras del servicio doméstico que no están debidamente registradas vieron caer sus ingresos de manera abrupta.

En un escenario post-aislamiento que se plantea de por sí muy complejo, apuntalar la recuperación de la actividad desde, hacia y con los barrios es fundamental. Tanto por el impacto en estas comunidades como por su enorme valor social y económico en términos generales.

Un marco de acción

En octubre de 2018 se sancionó la ley 27.453, una norma de profunda justicia social e inédita en nuestro continente, que previó la creación de un ambicioso programa nacional de integración socio urbana (PISU) para llevar infraestructura, abordar múltiples necesidades de desarrollo humano, promover el desarrollo productivo y encarar una agenda de planificación territorial y seguridad en la tenencia de la tierra en los barrios.

En 2019, con la reglamentación de la norma, se creó un Fideicomiso para el financiamiento del programa, de acuerdo con lo previsto en la propia ley. También se aseguró un crédito internacional del Banco Interamericano de Desarrollo para apoyar la primera fase de implementación del PISU.

A principios de 2020 la nueva administración anunció importantes compromisos de apoyo al programa. De acuerdo a informaciones públicas de mediados de marzo, su presupuesto total en 2020 se proyectaba en 75.000 millones de pesos, una cifra sensiblemente mayor a lo destinado a programas similares en el pasado, aunque menos del 5% de la inversión total requerida para abordar la totalidad de los barrios. Era una señal muy positiva para poner en marcha un programa multianual de manera consistente.

Tras el brote epidémico los anuncios oficiales se pospusieron. Y la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), autoridad de aplicación de la ley (bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat), se encuentra lógicamente abocada a dar apoyo a las dependencias que lideran las tareas de contención en el territorio, incluyendo la distribución de alimentos y la adaptación de estrategias sanitarias a los barrios.

De cara a la salida de la emergencia las partidas pre-anunciadas para la implementación de la política de integración socio urbana de barrios populares deben ser sostenidos.

En lo inmediato, la inversión en los barrios funcionará como motor de la reactivación. Alrededor del 70% de las inversiones del PISU serán en infraestructuras “duras”: provisión de agua potable y cloacas, pavimentación, construcción y puesta en valor de espacios comunitarios, entre otros. De acuerdo con lo establecido en la propia ley, al menos el 25% de los trabajos deberán ser ejecutados por cooperativas barriales, actores clave de la economía social y popular, creando miles de puesto de trabajo. El efecto dinamizador del programa sobre la economía real será, por tanto, muy potente.

El monto previsto en marzo para la “urbanización” de villas representa menos del 5% del paquete de asistencia que el gobierno habrá destinado a la respuesta en la emergencia solamente entre Abril y Agosto (de $1,7 billones, o 5,6% del PBI).

¿Cómo financiarlo?

En un contexto fiscal muy restringido, la vía más potable es la prevista en la propia ley y en la estructura del Fideicomiso. El vehículo está habilitado a emitir títulos en los mercados públicos, que debieran ser garantizados con avales del tesoro nacional. El capital que ingrese al Fideicomiso está indisociablemente vinculado al PISU y por tanto a los barrios. El vehículo podrá asignar fondos a provincias y/o municipios para la ejecución de proyectos, canalizados como asignaciones no reembolsables o como préstamos, según el esquema de esfuerzos compartidos para el repago que se acuerde – la ley estipula la co-financiación de proyectos entre Nación, Provincias y Municipios. Los títulos podrán ser suscriptos por distintos inversores, incluyendo del sector privado (compañías de seguros, bancos, fondos comunes de inversión), que también puede y debe jugar un rol en el repago de los préstamos a cargo de las jurisdicciones sub-nacionales. La integración socio-urbana crea valor en las ciudades; existen mecanismos de captura de parte de ese plusvalor que las jurisdicciones locales rara vez utilizan, pero que son cruciales para la equidad urbana. En este sentido, la emisión de deuda para financiar esta política no puede ser comparada con, digamos, el endeudamiento para pagar sueldos de un Estado provincial sobredimensionado. La integración socio-urbana “genera su propio repago” a partir del valor social creado y los costos sociales evitados dada la mejora de los barrios y el progreso de sus comunidades.

Nunca hubo una mayor necesidad ni un tiempo más oportuno para avanzar en la construcción de ciudadanía y de comunidades resilientes. O, en palabras del Presidente, de “empezar por los de abajo para llegar a los de arriba”.

Existen consensos políticos, un marco normativo de vanguardia, un programa amplio y moderno, un vehículo financiero para darle escala, equipos capaces de llevarlo a cabo en el gobierno nacional, en las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires y, sobre todo, comunidades organizadas en cada barrio que esperan hace décadas una oportunidad real de ser agentes de su propia transformación.

No hay excusas.

El autor es economista especializado en desarrollo, Jefe de Políticas Públicas de The Global Steering Group for Impact Investment y ex secretario de Integración Socio Urbana de la Nación.