Ruidoso minué de la Corte, Cristina Kirchner y Macri

Ya es sabido a esta hora: el martes comienza el primer juicio oral y público contra la dos veces presidente de la nación. Lo comunicó oficialmente la Justicia. Primero, con claridad meridiana el juez Gorini del TOF 2 y luego, la Corte Suprema. Punto y aparte.

La resolución de la Corte en la causa Cristina Kirchner y asociados sobre presunta corrupción en Vialidad Nacional, tan meneada y mal informada, tiene dos lecturas. Una jurídica y otra política.

Por lo primero, la decisión unánime de pedir el expediente a horas del juicio oral (no hubo disidencia ni "desmarque político" de Carlos Rosenkrantz como se quiso imponer) tiene una lógica jurídica basada en el sentido común.

Si el juicio oral es la instancia en la que se rinde la prueba colectada en la instrucción y si sobre esa prueba hay un recurso extraordinario (en este caso son nueve) ante la Corte para que se quite, incorpore, modifique o limite la misma, conviene resolver primero esas cuestiones. Si no se hace, el riesgo de repetir la experiencia de la causa contra De la Rúa y Pontaquarto por los sobornos, donde se anuló todo el proceso, está latente. 

La revisión de los recursos pendientes puede hacerse simultáneamente con el proceso oral y no detiene de ninguna forma el juicio oral. Dato colateral: la ex presidente quiere que se audite toda la obra pública del país y el juez de instrucción, en cambio prefirió un muestreo de las mismas – contundente y revelador- del mismo sistema de concesión, que según él alcanza para conocer la matriz de la mecánica sospechada de espuria. Si le dieran la razón a CFK, la pericia podrían durar décadas… O quizás, nunca terminarse. 

Entonces, sobrevive la pregunta obvia: ¿Por qué la Corte no hizo lo mismo en otros casos? Y la respuesta también es obvia: es incorrecto que no haya pasado antes. Pero de ahí se desprende la mirada política porque este no es un caso cualquiera. Es nada más y nada menos que el primer juicio oral contra la ex presidente con prueba sustancial que avala la acusación de corrupción. No sólo es una ex presidente: se trata también de una eventual candidata juzgada en medio del proceso electoral. El dato no es menor.

Quien diga que los jueces supremos votan por Cristina Kirchner pidiendo el expediente de Vialidad, se olvidan de que Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco soportaron el embate K durante la gestión anterior. Especialmente Lorenzetti, entonces elogiado por los que hoy dicen que vota por los Kirchner, quien vio temblar su puesto con amenazas explícitas de juicio político e implícitas de todo tipo. Y se las bancó.

Los jueces de la Corte no pueden darse el lujo, en esta coyuntura turbulenta de la política, de quedar como los que no atendieron un recurso que, más tarde, pueda anular todo el proceso.

Es cierto que hubo algún tipo de contacto del kirchnerismo con la Corte sobre lo que, según los emisores, eran vicios insanables del proceso. Tanto, que el martes pasado el tema fue llevado al acuerdo de jueces en la Corte y navegó una resolución cuidada por el desconcierto reinante en el tribunal nacido de un fenómeno notorio: su propia crisis interna.

Por si algo faltara, el natural control ciudadano que se manifestó indignado ante la posibilidad de que se suspenda el inicio del juicio oral, empujó a los ministros a informar que las audiencias no se detendrán; se harán tal y como estaban previstas.

Carlos Rosenkrantz, el presidente formal de la Corte, está aislado de las dos orillas que lo rodean. Está lejos de sus colegas, con quienes no conversa ni genera un mínimo plafond para acordar criterios de sentencia… Y está lejos de la política, que lo mira con desconfianza por los elogios de plomo que le hace el gobierno. Si a eso se suman los achaques que recaen sobre él por sus sentencias sobre empresas o intereses que él representó como abogado liberal, el cuadro asume ribetes complicados.

Propios y ajenos extrañan los tiempos en los que la Corte de 9 miembros se sentaba a discutir puertas adentro de derecho sin dejar de mirar por la ventana la realidad de los tiempos. Y eso que eran momentos de jueces como Carmen Argibay, Raul Zaffaroni o Carlos Fayt. Ahí, presidía con voluntad de consenso Ricardo Lorenzetti.

La dinamita sembrada desde el ala dura del macrismo al arrebatarle la presidencia a uno de sus miembros y la amenaza de aumento de los miembros del tribunal germinó y provocó sus consecuencias. Es raro que ahora quienes le prometieron calma judicial al Presidente, se muestren asombrados.

El derecho es del derecho. El debido proceso de tener saneados todos los eventuales vicios del juicio mientras se desarrolla es un imperativo jurídico. Pero la torpeza de no tener ascendente entre sus pares y la falta de puentes entre los poderes de la república es torpeza propia que nadie puede alegar en su defensa.