Crisis política, acuerdos al paso y deudas para 2019

En la madrugada del intenso y largo debate sobre la despenalización del aborto, Emilio Monzó intentaba apurar los tiempos de los discursos. Miró el recinto, completo como pocas veces, y para ensayar un consenso apeló a "quienes conduzcan los sectores verde y celeste, por ponerle un nombre". La frase apenas distendió el clima y no alcanzó para compactar la lista de oradores. La anécdota, con todo, es otra: no podía recurrir a los jefes de bloque, porque los bloques esa vez se habían licuado totalmente. Se habló de "transversalidad", duró un rato y mostró en extremo la precariedad de los partidos.

Algunos celebraron entonces la "transversalidad" casi como una práctica política superadora que, se entusiasmaban, podría dejar huella y abrir incluso nuevos espacios de acuerdos. No sucedió y lo que quedó a la vista, mejor presentado, fue que la mayoría de las fuerzas políticas —las de mayor rendimiento electoral— evitaron la prueba de un debate interno para fijar posición. Más fácil resultaba esa suerte de "libertad de conciencia" como salida de compromiso.

Eso fue en junio, en Diputados. También antes y después se sucedieron idas y vueltas con distintos tipos de acuerdos y enfrentamientos, en los dos casos según el tema y no como una articulación más de fondo con base en un mínimo de puntos de coincidencia para gobernar. Es sabido que nadie tiene mayoría propia en ninguna de las dos Cámaras, pero no es todo. El Congreso ofrece, en definitiva, uno de los mayores registros del estado de las fuerzas políticas, de sus crisis de fragmentación.

El tratamiento de ley de interrupción voluntaria del embarazo expuso además otro ingrediente sobre esta crisis de arrastre. Con esfuerzo y después de un largo y por momentos jugoso período de exposiciones —para los legisladores, pero públicas—, Diputados aprobó el proyecto. Dejó huellas, incluso internas. En el Senado, a la división de los bloques se sumaron posiciones —en general de rechazo— basadas en supuestos mandatos provinciales, como si la sociedad de cada provincia fuera un todo único y no un conjunto heterogéneo, además de alineamientos con los gobernadores.

Es decir, un ingrediente repetido fue la suspensión de los bloques como expresión partidaria o de una fracción o de una alianza. Y el componente adicional, que no podría ser llamado nuevo, fue la consolidación de un cuadro sujeto al pincel de gobernadores, algo así como una confederación de partidos provinciales y no partidos nacionales y, en ese sentido, federales.

Pasó el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo, aunque está claro que no es un tema agotado. Tal vez regrese el año que ya llega y hasta es probable que al menos en uno de sus aspectos la despenalización del aborto vuelva a la discusión cuando sea tratada, seguramente después de marzo, la reforma del Código Penal. Se verá entonces cómo es abordada.

El Congreso también expuso los límites, las contradicciones y, más sustancial, la concepción de los acuerdos políticos. Varios proyectos, especialmente el presupuesto, exhibieron entendimientos entre el oficialismo y buena parte del PJ de los gobernadores. Otros terminaron en derrota para Cambiemos: fueron tratos entre todo el conglomerado peronista, es decir, federales, kirchneristas, massistas. El último capítulo fue la jugada que dejó al oficialismo —a la UCR, en este caso— sin un asiento en el Consejo de la Magistratura. Antes, había sido la sanción de una ley sobre tarifas pensada para forzar el costo del veto presidencial.

Los problemas se expresan pero trascienden esas idas y vueltas. En el oficialismo, la cuestión central pasa por los límites que de hecho parece imponerle a su propia visión de un frente o alianza. Funciona, en parte, en Congreso, pero con desajustes o inercias graves: lo padecen sobre todo referentes como el propio Monzó, el titular de la bancada PRO, Nicolás Massot, y el presidente del interbloque Cambiemos, Mario Negri. Varios proyectos llegaron a Diputados sin un previo ajuste interno y debieron ser encarrilados además en medio de negociaciones con el peronismo.

Tampoco funciona linealmente lo que se ha llamado el ala política del oficialismo. Rogelio Frigerio se fue convirtiendo en el principal operador con los gobernadores del PJ y con algunos de sus expresiones en el Congreso. Pero hubo incluso tensiones con la línea que trabajó en el mismo plano en las Cámaras. El último episodio tuvo que ver con la Magistratura, con cruces esa vez centrados en la UCR. Más compleja es la relación con Elisa Carrió. En estas horas están tratando de saldar esas cuentas.

Existen matices y debates naturales o esperables en una construcción de aliados, pero el tema sería más profundo. Algunos, incluso internamente, la resumen como la distancia entre un frente electoral y una coalición de gobierno. Y a eso se agrega una discusión para nada agotada sobre el modo de construir consensos que superen la coyuntura. Dicho en otras palabras: cómo son entendidas la gobernabilidad y las políticas de acuerdo más allá de las filas propias.

El peronismo, principal interlocutor, dirime en paralelo sus propias batallas. Pero no lo hace primero hacia su interior, en primer lugar porque ese interior no tiene siquiera un bosquejo orgánico de contención. El PJ, como marca, es casi una formalidad. Los gobernadores son un conjunto de peso, con proyecto en discusión. Sergio Massa también trabaja en esa orilla, con expectativas propias. El kirchnerismo resulta el más estructurado y, más allá del discurso de unidad, condiciona de hecho cualquier entendimiento a la suerte de su líder, la ex Presidente.

Los últimos ejemplos de los efectos de ese cuadro en el Congreso quedaron expuestos con el fracaso de dos proyectos: el de barras bravas y el de financiamiento de las campañas. En los dos casos, Mauricio Macri empujó el tratamiento. Uno, producto de la decisión de retomar el tema de la violencia y los negocios a la sombra del fútbol, después de los episodios escandalosos del megaclásico frustrado aquí y definido en Madrid. Otro, estribación de denuncias y causas de alto impacto sobre irregularidades y plata en negro para las campañas.

El oficialismo llegó a este punto sin unificar criterios y agotar debates domésticos. Fueron evidentes los desencuentros por el texto original sobre los barras, para calificar y penar delitos, y también en cuanto a las campañas, por diferencias entre las que se destacó el aporte de empresas. Tampoco el peronismo pudo llegar más o menos ordenado, a pesar de la muñeca de Miguel Ángel Pichetto y del aval de diputados de línea directa con gobernadores. Fisuras internas y cálculos electorales trabaron el tema en esa vereda.

No pesó al parecer ni la cuestión de imagen compartida del Congreso. Son leyes que involucran directamente a la política: barras y sus negocios y relaciones; campañas y, ya ni siquiera en el temario, extinción de dominio. Está dicho que en ningún caso se trata de cuestiones jurídicas menores. Lo incomprensible es no agotar las discusiones internas previamente. Y peor, negar el debate público. Deudas que quedan para el denso año político que asoma.

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