Desde fines del año pasado, la comunidad educativa de los institutos de formación docente de la Ciudad está pendiente, atenta y movilizada. Es que desde el Ministerio de Educación se anunció con bombos y platillos la creación de una universidad para la formación de maestros y profesores. Se transmitió como una buena noticia y se supuso que tamaña decisión no era necesario discutirla con nadie. Que la creación de la universidad iba a atraer a más jóvenes a la docencia y que de este modo se iba solucionar la falta de docentes, problema que la Ciudad viene enfrentando desde hace más de cinco años. También se pensó que la universidad de formación docente iba a venir de la mano de la "tecnología, de plataformas digitales", "herramientas fundamentales" para la formación del futuro docente. Pero, en algún momento, se dieron cuenta de que se "debía discutir" en algún lugar y dijeron: "Mejor en la legislatura", porque ahí tenían muchos amigos que los iban a poder ayudar a concretar este sueño. Este cuentito, esta fantasía, presentada como una política pública se tradujo en un proyecto de ley.

Mucho se ha dicho, escrito y discutido sobre si la universidad como formato en sí mismo garantiza la buena formación de maestros y profesores y que es la mejor opción para "jerarquizar" el trabajo docente, pero estos parecen temas menores.

Después de 10 años de gestión, el Poder Ejecutivo se dio cuenta de que debía hacer algo con el sistema formador. Sin considerarlo en crisis, los que lo conocemos sabemos que está en condiciones de afrontar y proponer mejoras teniendo en cuenta sus prácticas y sus recorridos institucionales. En 10 años, no es posible identificar una política local para la formación de los maestros. Solo reformularon los planes de estudio y, sin evaluación mediante, ya los quieren cambiar, porque estiman que no prepararán a los docentes del futuro. Diez años no les alcanzó para definir una línea de trabajo propia, para incentivar la investigación en las instituciones ni para enriquecer las medidas adoptadas a la luz de los lineamientos nacionales del Instituto Nacional de Formación Docente. Tampoco pudieron darse cuenta cómo la sistemática baja del salario del sector docente en relación con otros sectores trabajadores puede influir en la elección de la carrera o de qué modo interviene la caída del salario docente porteño comparado a nivel nacional. Y menos aún advirtieron que la sistemática responsabilización a los maestros de casi todo lo que sucede en las escuelas apunta a desjerarquizar la tarea de enseñar.

Pero se olvidaron de algo no menor: de la comunidad educativa del sistema formador. Pasaron por alto de la convocatoria a rectores, profesores y estudiantes. Y, sin mediaciones, sin fundamentos, sin explicaciones, sin discusiones, ellos se enteraron de las nuevas ideas a través de los diarios. Sin embargo, no se trata de un olvido, es un modo de pensar la política pública.

La legislatura y el proyecto

Cuando el proyecto llega a la legislatura, la idea se corporiza en un proyecto técnicamente débil que confirma algunos supuestos que teníamos hasta entonces. El primero es que los que pensaron esta idea no conocen el sistema formador ni a sus profesores, ni a sus conducciones y menos a sus estudiantes. No saben cómo funcionan las instituciones, cuáles son sus reglamentos, las propuestas de trabajo para los docentes y para los estudiantes, no conocen los planes de estudio que allí se desarrollan y las relaciones concretas que se establecen con las escuelas. No conocen la forma de gobierno que han construido en estos 10 últimos años ni las vinculaciones que han tejido con la Universidad de Buenos Aires.

El segundo supuesto gira alrededor del debate. Se apela a que será la legislatura el ámbito para debatir aquello que hubiese sido imprescindible hacer antes de decidir. El tema ya está definido y estima que este debate salda la deuda que tienen. Hasta ahora, en el debate legislativo se vio un conjunto de especialistas, profesores, rectores de los institutos que han desplegado un amplio abanico de argumentos que fundamentan el retiro del proyecto en pos de poder discutir sobre la formación docente, la debilidad de la propuesta, el claro desconocimiento del sistema formador, entre otras tantas cuestiones. Las discusiones, los intercambios, las preguntas, propios de un debate, quedan aún pendientes.

Ante las movilizaciones y los fuertes argumentos, el Gobierno porteño reacciona diciendo que no se cierra ninguna institución, que ningún profesor se va a quedar sin trabajo y que los estudiantes que se movilizan son activistas y kirchneristas.

Estas declaraciones esporádicas confirman un tercer supuesto con tres aristas. Primero, que al crear una institución, en este caso la universitaria, necesariamente se cierran las otras 29. Puede ser que, como alternativa y frente a las presiones, no se cierren, convivan, y se apunte a un cierre paulatino y silenciado. Segundo, que ningún profesor se va a quedar sin trabajo: tratan de reducir el reclamo y la movilización a una discurso corporativo ("solo les importa su trabajo", como si eso en sí mismo fuera algo malo) y, además, es una falacia, ya que los profesores no van a poder seguir sosteniendo sus cátedras. Tercero, la caracterización de los alumnos como activistas y kirchneristas abona a la estrategia de estigmatizar al enemigo: desacredita cualquier reclamo y los excluye de un posible debate. La estigmatización legitima el trato violento y ubica a los jóvenes como sujetos de sospecha.

Estos últimos movimientos ponen sobre el tapete la debilidad de la propuesta y el contundente rechazo de todos los sectores, confronta frágiles soluciones frente a sólidas argumentaciones y muestra, sin tapujos, que no están haciendo lo que hay que hacer: que habrá que dar marcha atrás, convocar a los sectores del sistema formador, y ponerse a estudiar y a pensar responsablemente cómo profundizar las mejoras en los institutos de formación docente.

La autora es pedagoga, especialista en Políticas Públicas, docente. Fue secretaria de Educación (con rango de ministra) de la Ciudad de Buenos Aires (2003-2006) y subsecretaria de Educación (con rango de vice) del Gobierno de la Ciudad (2000-2003).