Durante estos últimos años, algunos sectores de poder se caracterizaron por darle una impronta caprichosa a las palabras y a su significado, lo que les otorga un sentido que poco tiene que ver con su real significado.
Como ejemplos cercanos en el tiempo podemos mencionar la auspiciosa "democratización de la palabra", que en realidad sólo buscó doblegar la libertad de la palabra, silenciar las voces disidentes y limitar la severamente libertad de expresión. O la tan difundida "democratización de la justicia", que ocultaba la intención de modificar el sistema republicano en pos de eliminar la garantía de independencia del Poder Judicial para tener una justicia disciplinada, "equilibrada" y ágil para cumplir los designios del poder político de turno.
En la actualidad observamos con preocupación la escalada de violencia cotidiana y la banalización de conceptos sensibles como el de los derechos humanos. Nos acostumbramos a la liviandad y a la utilización de estos por parte de quienes se creen sus dueños, y pareciera que los términos se definen y tienen alcance según el lugar de pensamiento en que se encuentren.
Tal situación, que se corresponde con un cierto uso del lenguaje político, y especialmente con la "politización" de los derechos humanos, se trasluce en la elaboración de opiniones que se alejan del significado de estos, habilitando a una multiplicidad de variopintas consideraciones dada la deficiente utilización de los conceptos en ellas vertidos.
En este punto el lenguaje de la política, lejos de ser puntual, preciso y claro, en lo que respecta a cuestiones de extrema delicadeza como esta, es intencionadamente ambiguo, laxo y se encuentra siempre sujeto a las más diversas interpretaciones. Esta situación se ha acentuado paulatinamente en los últimos años, fundamentalmente a partir de un "relato" que se quiere instalar tanto sobre la administración pasada y la actual de gobierno, con una mirada revisionista de la historia, para lo cual se deja de lado la necesidad de establecer palabras que puedan reflejar el sentir de toda una sociedad y no simplemente imponer una visión parcial y sesgada.
Como enseña Pierre Bourdieu, el lenguaje es un tesoro, el cual es común, uniforme y universalmente accesible a todos los sujetos que pertenecen a la misma comunidad. Empero, existe un determinado sector que quiere monopolizar la "palabra" y ese es el "político", que habla por aquellos a quienes representa, y, a menudo, en lugar de ellos, pero este debe entender que tiene una obligación para con toda la sociedad, y con la Constitución y los derechos humanos. Así, resulta fundamental que este entienda el efecto social de la utilización de las palabras.
El político debe saber que es fundamental el buen uso de las palabras, ya que operan indefectiblemente sobre la comunidad. Estos últimos años de eslóganes vacíos de contenido nos ha llevado a una importante degradación lingüística con grandes y graves consecuencias: han vaciado de contenido palabras y conceptos, creando títulos, mitos y dogmas que no se corresponden con la percepción del ciudadano.
La reconstrucción de la institucionalidad constituye un desafío político, ideológico, pero también cultural y, por qué no, semántico. La política es parte constante de los actos de los seres humanos y la palabra, la letra de la Constitución y de los derechos humanos no son un hecho mágico e impuesto, sino que deben nacer y expresar en sentir de las mayorías de una sociedad.
La eficacia de las palabras es esencial para lograr las transformaciones, razón por la cual resulta fundamental encontrar los términos exactos que abarquen a las mayorías, por ello rescato el pensamiento de Carlos Nino, que definía a los derechos humanos como uno de los más grandes inventos de nuestra civilización, y que en sólo cinco palabras lograba una síntesis abarcativa, plural y contundente.
Los derechos humanos son universales, por cuanto pertenecen a todos los seres humanos por el mero hecho de serlo. Inalienables, ya que nadie puede ser despojado de ellos. Irrenunciables, porque no se puede renunciar a ellos. Imprescriptibles, son para toda la vida, no tienen fecha de caducidad por ningún motivo y además son indivisibles.
Recrear acuerdos ciudadanos alrededor de estos términos es la tarea, y es responsabilidad de nuestra dirigencia reivindicarlos, otorgarles el verdadero sentido que poseen, sin lecturas parciales o politizarlos partidariamente. Así conseguiremos hacer de los derechos humanos una lucha, una defensa y una demanda de toda la comunidad y no un relato de un sector determinado.
El autor es profesor de Derecho Constitucional, UBA y profesor de Derechos Humanos, UP.