La Argentina asistió a una fenomenal hoguera de encubrimiento, inacción de la Justicia, complacencia gubernamental y pudor ajeno de los medios durante estos últimos 40 días que pasaron desde que Santiago Maldonado desapareció, en la comunidad Pu Lof Cushamen, en el noroeste de Chubut. Enumerar los puntos que trazan el camino de las operaciones periodísticas sería vano, no tan sólo por su vastedad, sino porque aún siguen ocurriendo. Sin embargo, es bueno apegarse a los datos que destruyen las construcciones de la falsedad.
La querella de la familia Maldonado, representada por la abogada Verónica Heredia, señaló en conferencia de prensa, el jueves 7, que los libros de los movimientos de los escuadrones 35, 36 y 37 de la Gendarmería, secuestrados el 17 de agosto, muestran que desde el 27 de julio exhiben rastros de adulteración: hojas de más, pegadas con cinta adhesiva, nombres cambiados sobre corrector líquido blanco, modificación de nombres, fechas y móviles usados. El material secuestrado está en manos del Ministerio Público Fiscal, sin embargo, no se determinaron medidas en torno a estas adulteraciones. Se debe recordar que, una vez caída la hipótesis de que Maldonado podría haber sido apuñalado por un puestero por integrar un comando terrorista, los únicos sospechosos son los gendarmes que participaron del operativo represivo realizado los días 31 de julio y 1º de agosto, último día que se vio con vida a Maldonado.
Santiago Maldonado estuvo el 1º de agosto en el corte de ruta de Cushamen, sobre la ruta 40. Así dan cuenta el testimonio televisivo avalado por familiares y amigos basados en un video que lo muestra el 31 de julio, pero, sobre todo, cuatro testimonios judiciales, válidos de toda validez, que fueron realizados ante el juez Guido Otranto, la fiscal Sandra Ávila y el defensor oficial Fernando Machado. Se trata de cuatro miembros de la comunidad mapuche, tres de ellos habitantes de Pu Lof, que dijeron haberlo visto durante esas jornadas. El testimonio de Matías Santana es por demás elocuente: cuenta haber visto el momento en el que era levantado por los gendarmes, subido a una unimog que luego se dirigió a la ruta 40 y cómo allí un "bulto" fue trasladado, blindado por una fila de gendarmes que impedía la visión, del camión a una camioneta que partió rauda por la ruta hacia Esquel.
Ningún gendarme participante del operativo de desalojo de la ruta 40 y de la posterior incursión, sin orden del juez, brindó su testimonio ante el juzgado de Esquel, que entiende en la causa. Sin embargo, los puntos señalados anteriormente bastan para que los gendarmes sean llamados a indagatoria, es decir, bajo la sospecha de culpabilidad de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el 1º de agosto del corriente año.
¿Existe una responsabilidad política? Se ha dicho que probablemente a algún gendarme se le haya ido la mano. "Se le fue la mano" es la expresión. Sin embargo, se trata de un posible asesinato y desaparición de un ciudadano en el marco de un operativo represivo. No hay errores ni excesos. Se trataría de una acción criminal que fue deslindada, protegida y encubierta, por acción u omisión, por el Gobierno. Primero, por la presencia y la coordinación de la acción represiva realizada por Pablo Noceti, jefe de gabinete de Patricia Bulrrich, quien primero dijo que el funcionario sólo pasaba por la ruta 40 y aprovechó para saludar a los gendarmes. Tal especie fue desmentida por un documento de Gendarmería que confirma una reunión regional de coordinación de la represión hacia el grupo mapuche, y hasta por el ministro de Gobierno de Chubut, Pablo Durán, que en una interpelación parlamentaria provincial admitió tal reunión y dijo que no podía explicar la presencia de Durán durante el operativo, "ya que no era su abogado" (sic).
Su jefe, Patricia Bullrich, defendió en toda instancia a la fuerza de seguridad y fue la principal divulgadora de la falaz teoría del puestero, desmentida por exámenes de ADN cuyos resultados hacen que el Gobierno se encuentre ante una crisis política de envergadura a pocas semanas de las elecciones. Si Mauricio Macri le pide la renuncia a Bullrich, admite la posible culpa de la Gendarmería y aumenta la dimensión de la crisis. Si no se la pide, el ritmo de los acontecimientos producirá un resultado aún más penoso.
No hay más sospechosos que los miembros de la Gendarmería. Es necesario que las fuerzas en existencia actúen y que los responsables políticos asuman el alcance de sus acciones.