Los conflictos de intereses del Gobierno y la profundización de la grieta en el movimiento obrero

El Gobierno de Cambiemos consiguió su objetivo: dividir al movimiento obrero. También debemos preguntarnos por qué el movimiento obrero se deja dividir. Ayer seis fueron los actos por el Día del Trabajador, sólo a un año de aquella movilización del 29 de abril del 2016 en la que toda la representación obrera monolíticamente se había dado cita y Juan Carlos Schmid había leído un documento que finalizaba haciendo referencia a lo que en aquel momento era una realidad: las CGT y las CTA estaban juntas. Aquel documento advertía al Gobierno nacional sobre el rumbo equívoco en lo económico. Pedía medidas sociales urgentes. La emergencia ocupacional, que se trasparentara el plan antiinflacionario, entre otros puntos. Ayer el único orador del acto de la CGT, Juan Carlos Schmid, consciente de la manifiesta división, dijo: "Más allá de lo que dicen, ¡la CGT es parte de la solución!". También hizo alusión a que media población tiene dificultades para llegar a fin de mes e indicó: "Necesitamos que los derechos se sientan en el bolsillo de los trabajadores".

Luego del paro general del pasado 6 de abril, la presencia de Mauricio Macri en el acto de Gerónimo Venegas es sin lugar a dudas una incitación a la profundización de la grieta. Los acuerdos sectoriales sólo le sirven al Gobierno para serruchar la unidad cegetista. Debería pensar el Gobierno si esto no es pan para hoy, hambre para mañana. ¿Qué república se puede construir sin diálogo social?

La renuncia solicitada al procurador del Tesoro, Carlos Balbín y al director de la Auditoría de la Procuración, Guillermo García, como ya es de público conocimiento, tiene eje en dictámenes adversos para los intereses económicos del grupo Macri. ¿Pedirán la remoción de la fiscal Gabriela Boquín? La citada fiscal, recuerda el colega Nicolás Pizzi, ya había rechazado un acuerdo judicial que acordaba una quita del 98,2% de la deuda: 4.277 millones de pesos. Los negocios y el conflicto de intereses se siguen filtrando. Otra vez, y por razones de negocios, coinciden Mauricio Macri y Cristina Fernández. El procurador Balbín actuó a contrario sensu de los intereses de ambos. Hoy está fuera de su tarea.

¿Sancor será otro caso? El diputado provincial santafesino Luis Rubeo ha dicho: "El presidente Macri debería apartar a Gustavo Lopetegui de este tema. Es el dueño de Pampa Cheese. Es el zorro dentro del gallinero". Lo cierto es que, además de las consecutivas y pésimas administraciones de la centenaria cooperativa y la complicidad del gremio (¿por qué recibía 3.500 pesos por cada empleado como bono solidario mensualmente, y por qué el directorio se lo otorgaba?), no debiesen descartarse otros intereses ajenos a la búsqueda de soluciones para un conflicto mayúsculo.

Esta tarde en la Feria Internacional del Libro (también fue motivo de brecha literaria en su inauguración entre Pablo Avelluto y Martín Gremmelspacher), el ex senador nacional Rubén Giustiniani presentará su libro El contrato secreto YPF-Chevron. Debemos recordar que batalló contra el Gobierno de Cristina Kirchner y contra el actual. Ninguno quiso que el contrato secreto se diera a conocer. Por suerte para la vida democrática, en esta oportunidad la Corte Suprema de Justicia actuó con un fallo ejemplar y el contrato YPF-Chevron fue entregado a Giustiniani y, a través de él, conocido públicamente. Algunos de los puntos relevantes que contiene: "El primer dato que surge en julio 2013, luego de dos años y medio de secretismo, es la firma del contrato por parte de compañías offshore residentes en paraísos fiscales. Chevron nunca apareció en Argentina. Hay una batería de garantías que se le dan a la subsidiaria offshore de Chevron por 35 años. Es un contrato que estaría armado para gambetear al fisco, se deduce del propio contrato. Lo curioso es que una empresa con mayoría estatal firme este contrato. No aparece en el contrato que Chevron se haga cargo de nada porque nunca vino a Argentina".

Agrega el diputado Giustiniani: "Chevron fue enjuiciada por el Gobierno de Ecuador en aproximadamente 17 mil millones de dólares por daños ambientales y económicos. El fracking está prohibido en el mundo. Soy ingeniero y sé que ninguna actividad industrial es inocua, ¡pero esta es altamente riesgosa!". Alerta además sobre el decreto 29/2017 firmado por el presidente Macri que quita paraguas legal a los recursos naturales ante litigios por falta de pago a tenedores de títulos. "Un Griessa podría intervenir y quedarse con nuestros recursos naturales, por ejemplo, Vaca Muerta. Otro dato a tener en cuenta es que en el actual directorio de YPF hay directivos de la gestión anterior. Le entregué al doctor Ricardo Monner Sans el material para la demanda judicial respectiva".

El Gobierno argentino, luego de una exitosa gira a Estados Unidos, aspira a lograr el investment grade, pero muchísimo antes de tal anhelo resultaría imprescindible construir una república con representantes honestos que en épocas de elecciones, en vez de discutir delitos, discutan proyectos de inclusión para todos los millones de personas que hoy no tienen cabida.