El pasado 23 de febrero, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) anunció un paro nacional docente para los próximos 6 y 7 de marzo. En algunas provincias la medida alcanzará las 72 horas porque convergerá con el paro de mujeres previsto para el 8 de marzo (8M). Por su parte, el Gobierno acusa a los docentes de irracionales, de usar a los niños de rehenes, de estar movidos por intereses políticos y de desestabilizadores. Los argumentos no son nuevos. Lo novedoso, en esta oportunidad, es la nacionalización del conflicto. El detonante: la supresión de las paritarias nacionales, el congelamiento del salario inicial docente con un tope de 20% por encima del salario mínimo vital y móvil, y los ofrecimientos provinciales con techos de "recomposición" que oscilan entre el 13% y el 18% en cómodas cuotas.
Históricamente, las paritarias constituyen el momento de mayor enfrentamiento entre el Gobierno y los docentes. En los años noventa, en plena Carpa Blanca, Susana Decibe convocaba a los maestros a "poner el hombro". Para la misma época, Fernando de La Rúa, como intendente porteño, inventaba el "incremento del adicional por estímulo a la continuidad y al esfuerzo" con una acusación de trasfondo a los docentes de ausentistas crónicos. De La Rúa en la presidencia y Eduardo Duhalde después prometieron mejoras y dejaron múltiples atrasos en los pagos de los salarios. Con el kirchnerismo en el poder, también convocaron a poner el hombro. Pero ya en 2008 y hasta el final de su gestión, Cristina Fernández los acusó de "huelguistas crónicos" y de tener condiciones de trabajo privilegiadas: altos salarios, jornadas cortas de trabajo, largos descansos vacacionales, situación que no se condice con la realidad.
La contienda actual tiene un segundo elemento más o menos novedoso: el ofrecimiento de "voluntarios" para reemplazar a los docentes en huelga y garantizar el inicio "normal" de las clases. Ya el año pasado, en el largo conflicto docente en Tierra del Fuego, padres "autoconvocados" (muchos militantes del Frente para la Victoria) se ofrecieron para garantizar el dictado "normal" de las clases y la gobernadora Rosana Bertone amenazó con el uso de "docentes auxiliares" para romper la huelga. En la versión 2017, arrobando a María Eugenia Vidal, supuestos docentes jubilados y profesionales no docentes se estarían ofreciendo a dar clases gratis.
Algunos señalan que quien inició la campaña, Bronenberg, habría integrado el Batallón 601 de espionaje tanto bajo gobiernos democráticos como militares. Es dudoso también si los voluntarios no son más que máquinas automáticas que replican el mensaje para instalar un sentimiento rompe-huelga que se suma a la campaña de desprestigio del Gobierno hacia los docentes.
Algunos miembros del Gobierno salieron a aclarar que les parecía "no conducente" el uso de voluntarios, pero el elemento de presión allí está. Resulta claro que el posible uso de voluntarios busca aleccionar a los maestros. Constituye una medida ilegal: el estatuto del docente establece los requisitos para el ingreso a la docencia y exige formación pedagógica general, fundamentos psicopedagógicos para la función y dominios técnicos específicos. Así, se desprestigia el rol docente y se presupone que cualquiera puede cumplir con esa función. De la misma forma que a nadie en su sano juicio se le ocurriría operar sin tener las pericias adecuadas, no todo el mundo puede ejercer la función docente. Por eso, la propuesta es grave y pone en peligro la salud física y psicológica de nuestros hijos, dado que se pretende exponerlos a perfectos desconocidos cuyas habilidades técnicas y condiciones morales no conoce nadie y nadie controlará. También está en juego la defensa del derecho a huelga.
Llegados a este punto, hay que preguntarse por la base material del conflicto. Hoy en la mayor parte del país el salario del docente que recién inicia cubre poco más de la mitad de la canasta básica total real. El salario de un cargo alcanza para obtener una cantidad de bienes mínimos (alimento, vestimenta, servicios elementales, pagar un valor mínimo de alquiler) que establecen la línea de pobreza. Pero esto no siempre fue así. Si miramos una serie salarial larga de los docentes de la Ciudad de Buenos Aires, hace 100 años el maestro que recién se inicia ganaba el doble que el actual; hace 80 años, el triple. A pesos de hoy, en 1934, el maestro que recién se iniciaba cobraba un monto equivalente a casi 31 mil pesos, obtenidos en un contexto de desorganización sindical y de expansión estatal de la escuela primaria. El peronismo va a coincidir con una caída del salario docente. Desde la década del cincuenta, el salario del que recién inicia se desploma y llega a su mínimo histórico bajo el menemismo. Producto de las sumas en negro que recompusieron el salario desde fines de los noventa, hoy la escala salarial del conjunto está completamente achatada: luego de diez años trabajando se cobra casi lo mismo que al inicio de la profesión.
Por eso, #YoApoyoAlosDocentes. Porque está en juego la defensa del derecho a huelga de todos los trabajadores. Porque la discusión actual gira en torno a valores de pobreza. Y porque hace décadas que, mientras los gobiernos hablan de lo mucho que estiman la educación, ofrecen salarios de hambre a sus trabajadores.
La autora es investigadora de Conicet, miembro del Ceics.