
El recibimiento con honores que el presidente Macri y Patricia Bullrich le dieron al policía Chocobar en la Casa Rosada muestra que el asesinato por la espalda del joven Juan Pablo Kukoc es mucho más que un caso de gatillo fácil, al que nuestra democracia nos tiene acostumbrado –desde 1983 a la fecha se produjeron más de 5.000 casos. Quien se encargó de dejarlo en claro fue la ministra Bullrich, que inscribió el respaldo a Chocobar como parte de una "nueva doctrina", que tendría como esencia la protección de las fuerzas de seguridad. Aunque la ministra aclaró que esa protección refiere a "acciones legítimas" lo cierto es que el respaldo a Chocobar se realizó cuando el policía ya había sido procesado por la Justicia, es decir, había muy fuertes indicios de que había cometido un delito.
Bullrich fue aún más contundente sobre lo que entiende como "nueva doctrina" de seguridad en su reciente gira por los EEUU. Allí señaló que pretende aplicar en la Argentina un modelo similar al del FBI, donde el accionar de sus agentes es evaluado por la propia fuerza antes de que actúe la Justicia. El principio reaccionario que implica este modelo salta a la vista. A las fuerzas de seguridad se le otorga el derecho a tener su propia Justicia, lo que supone un privilegio enorme para sus miembros. Es lo que sucedía en el pasado con la Justicia Militar, que colocaba a sus integrantes en un status superior que al resto de los ciudadanos.
En síntesis, la "nueva doctrina" de seguridad de Macri y Bullrich no significa otra cosa que el reforzamiento de un Estado policial, que tiene como objetivos de exterminio en primer lugar a los pibes pobres. Este Estado policial tiene como contraparte el completo desinterés de ese mismo Estado por la situación social de la juventud. Fue la experiencia que la madre del joven Juan Pablo Kukoc relató en la conferencia de prensa que brindó en el barrio de La Boca. Allí señaló como las instituciones del Estado a las que había recurrido en el pasado para que la ayudasen con la recuperación de su hijo le dieron la espalda, pero luego ese mismo Estado terminó asesinado a su hijo por la espalda.
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Este Estado policial tiene como una pata fundamental al sistema penitenciario, transformado por la corruptela generalizada en un propagador de la delincuencia y el crimen organizado, que tiene a los pibes como rehenes. El joven Juan Pablo Kukoc había salido de una cárcel de menores días antes de cometer un nuevo acto delictivo. Su pasaje por el sistema penitenciario no sirvió para una resocialización basado en la educación y las oportunidades de trabajo. No podía ser de otra manera ya que el sistema penitenciario nunca tuvo ese propósito, como lo prueba que la historia de Juan Pablo es la de miles de pibes pobres que pueblan las cárceles de nuestro país.
Esta política represiva contra la juventud se combina con la que se quiere aplicar a los luchadores sociales que enfrentan la política ajustadora y confiscadora del gobierno nacional. La "nueva doctrina" de seguridad en pocos meses ya tiene varias víctimas: junto con Juan Pablo Kukoc están Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
Un régimen social que tiene como único horizonte para miles de jóvenes la cárcel y el asesinato delata su carácter reaccionario y pone al orden del día la necesidad de una transformación política y social profunda basada en los intereses de la mayoría trabajadora del país.
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