PVEM detiene en el Congreso la Ley General de Protección Animal: colectivo denuncia un año de retraso pese a foros y exigencias

La organización Igualdad Animal México denunció que el Congreso de la Unión continúa en incumplimiento constitucional al no haber aprobado la Ley General de Protección Animal, cuya creación fue ordenada tras la reforma constitucional de 2024.

De acuerdo con el colectivo, el retraso es atribuible principalmente a las comisiones de Medio Ambiente de ambas cámaras legislativas, encabezadas por la diputada Gabriela Benavides Cobos en la Cámara de Diputados y por la senadora Maki Ortiz Domínguez en el Senado de la República.

La organización recordó que el plazo establecido por la Constitución para emitir esta legislación venció hace exactamente un año, sin que hasta el momento exista un dictamen aprobado o una ley publicada. Para los activistas, esta situación contrasta con el discurso histórico del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que ha promovido la protección animal como una de sus principales causas políticas.

Cuestionan iniciativa impulsada por Gabriela Benavides

Además del retraso legislativo, Igualdad Animal expresó preocupación por una iniciativa presentada en mayo por la diputada Gabriela Benavides Cobos, al considerar que podría debilitar el alcance de la reforma constitucional en materia de bienestar animal.

Uno de los aspectos más criticados es la exclusión de los animales acuáticos utilizados para consumo humano, como peces y otras especies explotadas por la industria acuícola. La propuesta plantea que estos animales sean regulados por la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, una normativa enfocada principalmente en actividades productivas y económicas.

Según la organización, esta medida no garantiza el bienestar animal y podría representar una omisión frente al mandato constitucional. En palabras de Dulce Ramírez, directora de Igualdad Animal México, la Constitución establece la protección para todos los animales sin hacer distinciones entre especies.

Alertan sobre falta de capacidad para vigilar el bienestar animal

Otro de los puntos señalados por el colectivo es la concentración de facultades de vigilancia e inspección en dependencias federales, especialmente en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

De acuerdo con la organización, la iniciativa asigna a esta dependencia la supervisión del cumplimiento de las normas de bienestar animal en establecimientos de producción y comercialización. Sin embargo, advirtió que actualmente existen apenas 20 inspectores especializados para todo el país y que el presupuesto vigente no contempla la creación de nuevas plazas.

Para los defensores de los animales, esta situación podría dificultar la aplicación efectiva de la ley y abrir espacios para la simulación en una industria que involucra a miles de millones de animales cada año.

Asimismo, sostuvieron que la propuesta podría afectar avances legislativos ya consolidados en estados como Hidalgo, Colima y Oaxaca, donde se han implementado disposiciones específicas para fortalecer la protección y el bienestar animal.

Un año de retraso pese a foros y consenso técnico

La organización destacó que durante meses participaron en mesas de trabajo, consultas y foros convocados por el propio Congreso, en los que académicos, médicos veterinarios, especialistas y representantes de la sociedad civil presentaron propuestas técnicas y jurídicas para la elaboración de la ley.

Además, recordó que integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales solicitaron públicamente permitir el avance de las iniciativas y ofrecieron colaboración para agilizar el proceso legislativo.

Para Igualdad Animal, el problema ya no radica en la falta de información ni de consenso técnico, sino en la ausencia de voluntad política para avanzar con la legislación. La organización insistió en que la responsabilidad recae en las presidencias de las comisiones encargadas del tema.

A un año de haberse incumplido el mandato constitucional, la Ley General de Protección Animal permanece sin avances definitivos en el Congreso, mientras organizaciones civiles exigen que se retome su discusión y aprobación.