Recientemente, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, se dio a conocer el caso de un joven de 15 años que ingresó armado a la Preparatoria Antón Makarenko y mató a dos profesoras.
Ante esto, una maestra especialista de la Unidad de Educación Especial e Inclusiva (UDEEI), egresada de la Escuela Normal de Especialización y con seis años de experiencia en secundaria en Ciudad de México, relata a Infobae México los desafíos cotidianos al atender a estudiantes con conductas agresivas y la carencia de recursos institucionales para abordar el fenómeno.
Un episodio que expone la normalización de la agresión
Según la docente, las conductas impulsivas y agresivas en adolescentes se han vuelto frecuentes y, en muchas ocasiones, normalizadas por el entorno escolar.
“La mayoría de nuestros alumnos presentan conductas impulsivas… muchas de ellas llegan a normalizarse, sobre todo porque estamos en un nivel donde las emociones están en desborde”, explica la maestra en entrevista.
Relató una situación reciente con un estudiante de tercer año que hostigaba a un compañero bajo su atención. Tras intervenir, el adolescente respondió con insultos y una actitud desafiante frente a ella y a la maestra titular.
“Volteó y me dijo… ‘¡agh, qué la verg*!’”, recuerda la profesora.
La reacción del grupo docente fue contener la situación convocar a los padres. Sin embargo, la respuesta familiar derivó en acusaciones de discriminación étnica, aludiendo que la intervención obedecía a su origen lingüístico.
La especialista en educación detalló que, pese a que se les indicó a los padres que los motivos no eran esos, sino que respondían a los códigos de conducta que deben cumplirse en la institución educativa, los tutores del menor mantuvieron fija su postura.
“Realmente esa no fue la situación. Ellos simplemente le dieron como que ese giro a lo que había pasado para evadir que el joven necesitaba ser atendido por un especialista para mejorar sus conductas como parte de los compromisos que se estaban tomando en la gestión con la dirección, la escuela y por el bienestar de todos los estudiantes para que eso no volviera a suscitarse con ningún otro profesor, ni compañeros”.
Protocolos insuficientes y sensación de desprotección
De acuerdo con la entrevistada, el sistema educativo carece de un protocolo claro para actuar ante casos de violencia escolar.
Los docentes registran incidentes en expedientes y recurren al llamado “marco para la convivencia”, pero las respuestas institucionales se limitan a acciones formativas, acuerdos con padres y canalización a especialistas.
“No hay una consecuencia real… nos sentimos desprotegidos. Hasta un llamado de atención puede ser peligroso porque nos denuncian como maltrato infantil”, afirma.
El colectivo docente recurre a la autogestión para abordar la dimensión socioemocional, sin recibir capacitación profesional.
“No hay psicólogos, no hay especialistas que nos capaciten integralmente… lo que hacemos es buscar entre nosotros materiales y tratar de abordar la cuestión emocional desde una perspectiva humana”, señala.
Padres ausentes y contextos de vulnerabilidad
La relación entre familia y escuela enfrenta desafíos adicionales. La docente describe una ausencia significativa de acompañamiento familiar.
“Los adolescentes llegan sin desayunar, sin materiales básicos… la escuela se convierte en el único lugar seguro”, expone.
Al convocar a los padres, la mayoría no asiste o justifica su inasistencia por motivos laborales. “Muchos jóvenes están solos en casa, navegan en internet sin supervisión o se quedan a cargo de hermanos menores”.
La violencia familiar y el abuso sexual también emergen como problemáticas detectadas por el personal educativo. Ante intentos de denuncia, algunas familias optan por mudarse o evitar la intervención de las autoridades escolares y sociales.
La necesidad urgente de especialistas y recursos
La entrevistada subraya que, aunque su formación es en educación especial, el sistema le exige abordar problemáticas para las cuales no está preparada.
“Como maestras especialistas, se espera que sepamos manejar todo tipo de conductas… pero nuestra formación es solo en discapacidad. Un psicólogo o médico sería fundamental para identificar y atender estos casos”.
La falta de acompañamiento profesional y de protocolos efectivos se traduce en una sobrecarga para el personal docente, que asume funciones que exceden su campo de especialidad.
La violencia escolar bajo escrutinio
El testimonio cobra relevancia tras el ataque armado ocurrido el 24 de marzo de 2026 en Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde un estudiante de 15 años asesinó a dos profesoras en la Preparatoria Antón Makarenko.
Según la Fiscalía estatal, el agresor ingresó al plantel con un fusil AR-15 y disparó 14 veces antes de ser sometido por alumnos y personal escolar.
El caso, reavivó el debate sobre la seguridad escolar y la detección de señales de alerta en redes sociales.
La Secretaría de Educación Pública lamentó los hechos horas después, mientras la investigación busca esclarecer el acceso del menor al arma y descartar antecedentes de acoso escolar en el plantel.
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