Una jueza federal dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar a Ubaldo Segura Pantoja, luego de que no se acreditara el delito de secuestro que le imputaba la Fiscalía General de la República.
La resolución fue emitida la noche del 24 de marzo de 2026 por la jueza del Juzgado Décimo de Distrito en Chilpancingo, Haydeé Guadalupe Rodríguez Hernández, quien determinó que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el activista recuperó su libertad tras permanecer una semana en prisión en un penal federal de Veracruz, luego de que su detención fuera considerada arbitraria.
Detención y acusaciones
Ubaldo Segura Pantoja fue detenido por agentes de la Policía Federal Ministerial el pasado 18 de marzo afuera de su domicilio, en la colonia Tepeyac de Tlapa, Guerrero.
Tras su captura, fue trasladado primero a Puebla y posteriormente a un penal federal en Veracruz, pese a que su proceso se llevaba en Guerrero.
Las autoridades lo acusaron del presunto secuestro de varios periodistas, en hechos ocurridos en 2014 durante protestas del movimiento social en apoyo a los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Sin embargo, durante el proceso judicial no se logró acreditar su participación ni la intención delictiva, lo que derivó en su liberación.
¿Quién es Ubaldo Segura Pantoja?
Ubaldo Segura Pantoja es un defensor de derechos humanos y líder social originario de la región de la Montaña de Guerrero, donde ha trabajado durante décadas en la organización de comunidades indígenas.
Forma parte del Frente Popular de la Montaña (FPM) y ha tenido participación en otros movimientos como el Movimiento Popular Guerrerense y el Frente Popular Revolucionario, enfocados en la defensa del territorio, el acceso a servicios y la justicia social.
Además, ha sido locutor comunitario y ha acompañado diversas luchas sociales en Guerrero, incluidas movilizaciones relacionadas con el caso Ayotzinapa.
Organizaciones civiles lo consideran un referente en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, y su caso ha sido señalado como ejemplo de la criminalización de líderes sociales en México.
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