Este miércoles en la conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Congreso una iniciativa de reforma para eliminar los privilegios en las jubilaciones y pensiones de exfuncionarios, particularmente para altos mandos, aunque aclaró que no incluiría al Poder Judicial.
La mandataria indicó que con esta modificación se ahorrarán 5 mil millones de pesos, los que se destinarán a programas del bienestar.
La propuesta busca que las pensiones de exservidores públicos de alto nivel no excedan el 50 % de la remuneración que recibe el titular del Ejecutivo federal y que queden alineadas a límites razonables, salvo aquellas que estén previstas en condiciones generales de trabajo.
Este planteamiento forma parte de una política más amplia contra los privilegios y para garantizar el uso responsable del gasto público, según explicó Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Sheinbaum subrayó que la iniciativa busca cerrar prácticas heredadas de administraciones pasadas en las que algunos exfuncionarios obtenían beneficios que superaban incluso los ingresos del presidente, y señaló que “este tipo de privilegios ofenden al pueblo” cuando millones de trabajadores reciben pensiones mucho menores.
Pensiones exorbitantes
En agosto de 2025, el Gobierno federal difundió un informe sobre pensiones exorbitantes otorgadas a extrabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro y de Petróleos Mexicanos (Pemex), ejemplos que han servido de referencia para impulsar la reforma.
De acuerdo con el análisis, alrededor de 14 073 extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro recibian en conjunto pagos anuales superiores a 28 mil millones de pesos, y 9 457 de ellos tienen pensiones mensuales que oscilan entre 100 mil y un millón de pesos, con algunos casos que incluso superan el salario neto de la presidenta.
En el caso de Pemex, hay más de 22 mil pensionados bajo el régimen de confianza cuyo costo alcanza cerca de 24 844 millones de pesos al año, y al menos 544 personas perciben montos por encima de las percepciones presidenciales. Algunos de estos pagos llegan a ser hasta 39 veces mayores al promedio nacional de pensiones, según cifras oficiales.
Las cifras difundidas por el Gobierno han generado críticas y debates sobre la justicia y sostenibilidad de estos esquemas, y han sido parte del argumento central de la administración de Sheinbaum para promover la reforma que limite los privilegios en jubilaciones financiadas con recursos públicos.
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