La propuesta de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum ha comenzado a generar un debate interno dentro de la Cuarta Transformación (4T), donde legisladores y partidos aliados han advertido que sin acuerdos previos la iniciativa difícilmente podrá prosperar en el Congreso.
Las posturas encontradas evidencian que el principal reto no está en la oposición, sino en la construcción de consensos al interior del bloque gobernante.
Monreal condiciona la reforma electoral al acuerdo con PT y Verde
El senador Ricardo Monreal señaló que una reforma electoral de carácter constitucional no debería presentarse formalmente si antes no existe consenso con los partidos aliados de Morena, particularmente el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México.
Aclaró que esta es su opinión personal, pero subrayó que la viabilidad legislativa depende directamente de ese respaldo.
Monreal recordó que la propia presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que toda reforma debe dialogarse previamente con las fuerzas políticas que integran la coalición.
En ese sentido, explicó que los planteamientos de la reforma serán puestos a consulta de los partidos aliados para que expresen su postura y realicen observaciones antes de que el proyecto avance en el proceso legislativo.
Reforma electoral provoca fricciones internas en la Cuarta Transformación
El debate ha puesto de relieve las tensiones internas dentro de la 4T, en un momento en el que Morena no cuenta por sí solo con los votos suficientes para modificar la Constitución.
Aunque el oficialismo mantiene mayoría simple en la Cámara de Diputados, una reforma de esta magnitud exige una mayoría calificada, lo que obliga a mantener cohesionada a la coalición gobernante.
Estas diferencias surgen además en un contexto político complejo, donde algunos aliados consideran que abrir un debate electoral podría generar distracciones frente a otros retos nacionales e internacionales.
PT cuestiona la necesidad de cambiar las reglas electorales
Desde el Partido del Trabajo, su coordinador parlamentario en San Lázaro, Reginaldo Sandoval Flores, cuestionó la pertinencia de impulsar una reforma electoral en este momento.
Argumentó que con las reglas vigentes Morena y sus aliados han sido capaces de obtener triunfos electorales, por lo que no observa una necesidad urgente de modificar el marco legal.
El legislador advirtió que el país enfrenta un escenario internacional delicado y que la prioridad debería ser la unidad nacional.
Además, recordó que sin el respaldo total de los aliados, la reforma no es viable desde el punto de vista numérico, ya que Morena no alcanza por sí solo la mayoría calificada requerida.
Sheinbaum defiende una reforma para fortalecer la democracia
Ante las críticas, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el proceso legislativo permitirá debatir, ajustar y enriquecer la propuesta de reforma electoral.
Afirmó que se escucharán tanto las posturas de los aliados como las de la oposición y negó que la iniciativa busque concentrar el poder o eliminar la pluralidad política.
La mandataria sostuvo que el objetivo es consolidar una democracia electoral y participativa, fortalecer las instituciones y garantizar el respeto a los derechos humanos, rechazando las acusaciones de autoritarismo provenientes de sectores de la derecha nacional e internacional.
¿Qué necesita la reforma electoral para ser aprobada?
- Mayoría calificada en la Cámara de Diputados: se requieren al menos 335 votos de los 500 legisladores.
- Unidad de Morena y sus aliados: Morena no alcanza solo los votos necesarios; el respaldo del PT y el Partido Verde es indispensable.
- Consenso político previo: los aliados exigen que la iniciativa sea discutida y acordada antes de enviarse formalmente al Congreso.
- Negociación en comisiones y en el pleno: el dictamen deberá ajustarse durante el proceso legislativo para asegurar los votos.
- Aprobación en el Senado de la República: también se requiere mayoría calificada en la Cámara Alta.
- Ratificación de congresos estatales: al tratarse de una reforma constitucional, debe ser avalada por la mayoría de los congresos locales.
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