
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió su postura ante el reciente bombardeo de dos supuestas narcolanchas en aguas internacionales frente a costas de Colombia, señalando que el gobierno mexicano no está de acuerdo con este tipo de acciones.
“Nosotros no estamos de acuerdo, hay leyes internacionales de cómo tiene que operarse frente al presunto transporte de droga de manera ilegal o armar en aguas internacionales y así lo hemos manifestado al Gobierno de Estados Unidos y públicamente”, expresó Sheinbaum Pardo.
La mandataria reiteró la importancia de que dichas operaciones estadounidenses se apeguen a la legalidad internacional en materia de navegación y combate al narcotráfico.
Sheinbaum Pardo, fue consultada sobre la utilización de calificativos entre mandatarios, específicamente en torno al lenguaje empleado por el presidente Donald Trump hacia el presidente Gustavo Petro, la Jefa del Ejecutivo señaló que cada presidente tiene su propia manera de enfrentar los debates internacionales y de gestionar la relación con Estados Unidos.
Además, la presidenta detalló que la administración mexicana ha optado por priorizar la defensa de los mexicanos y compatriotas que residen en Estados Unidos, así como la defensa de los principios y la soberanía nacional. Detalló que México ha seguido un esquema de diálogo franco con el gobierno estadounidense, con el objetivo de alcanzar acuerdos, y resaltó que estas acciones se han realizado sin renunciar a los principios de soberanía, libre determinación y autodeterminación del pueblo mexicano.
También recordó que su gobierno impulsó una modificación constitucional para fortalecer el sentido de soberanía en el artículo 40 de la Constitución, con el fin de proteger al país frente a cualquier intento de intervencionismo o injerencia.
Ataques a lanchas

El pasado mes de septiembre, de acuerdo con información de The New York Time fuerzas de Operaciones Especiales realizaron un ataque contra una embarcación que, según Trump, se dedicaba al tráfico de drogas y trasladaba a 11 integrantes del Tren de Aragua, una organización venezolana que su administración ha calificado como terrorista.
En un informe presentado al Congreso, Trump argumentó que la acción respondió a la necesidad de defenderse frente a narcotraficantes, que afectan tanto la seguridad nacional como los intereses internacionales del Estados Unidos.
En una carta firmada por Charles Grassley, presidente pro tempore del Senado de Estados Unidos, enviada el 4 de septiembre de 2025, se advierte sobre la posibilidad de que estas operaciones puedan repetirse frente a la persistencia de la amenaza que representan los cárteles de la región.
La misiva destaca que estos grupos, descritos como “extraordinariamente violentos” y catalogados oficialmente como organizaciones terroristas, han provocado decenas de miles de muertes anuales en la población estadounidense y esparcen inestabilidad en otros países del hemisferio occidental.
Según la comunicación emitida desde La Casa Blanca, los cárteles han evolucionado en estructuras que disponen de importantes recursos financieros y capacidades paramilitares, actuando con impunidad en amplias zonas y participando tanto en violencia como en delitos asociados al terrorismo. El gobierno estadounidense subraya que “naciones extranjeras amigas han realizado esfuerzos significativos para combatir a estas organizaciones, sufriendo importantes pérdidas humanas a manos de estos grupos”.
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