SCJN replantea consulta sobre leyes y políticas que impactan a personas con discapacidad; advierten posibles retrocesos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) modificó su criterio sobre la consulta obligatoria a personas con discapacidad en la creación de leyes y políticas públicas. Antes, si una norma afectaba a este grupo y no se había realizado la consulta correspondiente, podía ser declarada automáticamente inconstitucional.

Con el nuevo enfoque, la Corte evaluará cada caso de manera individual, lo que significa que algunas leyes podrían aprobarse incluso sin que se haya consultado a las personas con discapacidad.

“La idea de que sean las propias personas con discapacidad o sus organizaciones quienes acerquen temas a la Suprema Corte resulta inviable en las condiciones actuales del país”, señaló Katia D’Artigues, directora general de la fundación Yo También, especializada en inclusión y accesibilidad.

La consulta previa está prevista en el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por México en 2008. Entre 2016 y 2025, la Corte invalidó 50 leyes por no cumplir este requisito, de las cuales sólo tres redujeron derechos, mientras que 47 los ampliaban o garantizaban, según la ministra Lenia Batres Guadarrama.

D’Artigues señaló que muchas acciones de inconstitucionalidad han sido promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o sus contrapartes locales, dado que las personas con discapacidad y sus organizaciones no cuentan con los recursos ni la capacidad para acudir directamente a la Corte. Tras el cambio de criterio, recae sobre ellas una responsabilidad que resulta difícil de asumir.

D’Artigues también retomó las palabras de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien destacó que prácticamente todas las leyes afectan de alguna manera a las personas con discapacidad, incluso aquellas que no las mencionan explícitamente, subrayando la necesidad de garantizar su participación en la elaboración de normas y políticas.

“Una soledad profunda a la que nos mandan las propias organizaciones del Estado”

“Escucho una decisión de la Corte donde se abre la puerta para que seamos las propias organizaciones las que, además de todo, acerquemos temas a la Corte (con todo el trabajo y los años que implica) y me quiero tirar a la cama a llorar; me hace sentirme en una soledad profunda. Una soledad a la que me mandan, por mi bien y para que nadie más me represente, las propias organizaciones del Estado que deberían estar para apoyar grupos de por sí ya vulnerados”, lamentó en una entrada en el sitio web de la organización.

D’Artigues propuso que el Congreso, las dependencias gubernamentales y los tribunales desarrollen metodologías participativas accesibles que faciliten la intervención de las personas con discapacidad en la toma de decisiones públicas.

La directora de Yo También explicó que muchas organizaciones civiles operan con recursos limitados, personal reducido y altas cargas de asistencia, por lo que asumir la responsabilidad de promover recursos legales ante la Corte sería un reto complejo. Advirtió que la flexibilización de la consulta podría debilitar la protección de derechos y afectar la implementación del modelo social de la discapacidad, basado en igualdad de oportunidades y no discriminación.