
El Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Tercer Circuito, con sede en Guadalajara, confirmó el auto de no vinculación a proceso en favor de 36 jóvenes detenidos a finales de enero en el Rancho La Vega, municipio de Teuchitlán, Jalisco, donde presuntamente operaba un centro de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con ZETA, la resolución también ratificó que la primera persona capturada en el lugar continúe vinculada a proceso por posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército, bajo prisión preventiva.
El operativo militar
El 26 de enero de 2025, alrededor de las 17:50 horas, militares respondieron a reportes ciudadanos sobre hombres armados en sembradíos de caña. Durante el patrullaje, encontraron a un individuo con chaleco táctico y cargadores para fusil. El sospechoso huyó hacia una galera dentro del rancho, gritando: “nos cayeron”.
Al ingresar, los soldados hallaron a decenas de jóvenes, algunos acostados y otros recargados en las paredes, además de siluetas para prácticas de tiro. Sólo el hombre que corrió llevaba cargadores abastecidos; el resto no portaba armas ni objetos ilícitos.

A pocos metros, sin embargo, había una mesa con cofres metálicos que contenían cientos de cartuchos de distintos calibres, chalecos tácticos, radios de comunicación y un vehículo Honda CRV.
Víctimas de engaños y amenazas
En audiencia, los 36 detenidos afirmaron que procedían de distintos estados y que fueron reclutados mediante ofertas falsas de trabajo difundidas en redes sociales. Explicaron que al llegar a Guadalajara fueron trasladados a la galera, donde permanecieron bajo amenazas de muerte si intentaban escapar.
Dos jóvenes declararon haber sido víctimas de agresiones sexuales y obligadas a realizar tareas domésticas para sus captores. Otros relataron que les hicieron grabar videos en los que aparentaban unirse voluntariamente al CJNG.
La mayoría dijo que les advirtieron que tenían dos opciones: “salir por la puerta grande” tras tres meses de entrenamiento o “por la puerta chica” es decir, muertos.

La decisión judicial
El 6 de febrero, un juez de Control en Puente Grande decretó el auto de no vinculación, al concluir que la Fiscalía no acreditó la probable responsabilidad de los jóvenes en delitos relacionados con armas o delincuencia organizada.
El Ministerio Público Federal apeló, argumentando que los detenidos podrían haber sido aleccionados para dar versiones idénticas, sin embargo, los magistrados rechazaron los agravios, al considerar que no refutaban jurídicamente la resolución inicial.
Con ello, quedó firme la exoneración de los 36 reclutados y la vinculación a proceso del único hombre armado detenido durante el operativo.
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