El diputado Andrés Sánchez Miranda, integrante de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la Ciudad de México, presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana y la Ley de Víctimas.
La propuesta busca fortalecer el combate al delito de extorsión, que afecta especialmente a los pequeños negocios en la capital.
Según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), la extorsión representa el tercer delito más frecuente en la Ciudad de México, con más de 6 mil casos por cada 100 mil habitantes.
Además, la Ciudad de México ocupa la séptima posición nacional en casos de extorsión, con aproximadamente 3 mil 100 incidentes por cada 10 mil negocios. Esto implica que cerca de la tercera parte de los negocios, unos 2 mil 700 por cada 10 mil, han sido víctimas de este delito.
La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) estima que, en lo que va del año, las pérdidas por extorsión alcanzan los 85 millones de pesos, un impacto que recae principalmente en pequeños establecimientos y no en grandes corporativos.
En junio, se registraron 125 casos de extorsión consumada, 94 tentativas y 681 delitos contra negocios, de los cuales 145 se cometieron con violencia.
Sánchez remarcó que el 93.5% de estos delitos en la capital no se investigan, ya sea porque no se denuncian o porque los expedientes nunca avanzan judicialmente.
Ante este panorama, el diputado advirtió sobre las graves consecuencias económicas y sociales del cierre de negocios: pérdidas de empleo, aumento del temor y silenciamiento institucional.
¿Qué abarca la propuesta del PAN?
El legislador, Andrés Sánchez explicó que la iniciativa propone cuatro medidas principales:
1. Creación de la Unidad Antiextorsión Comercial
Formar una nueva área dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana dedicada a investigar, prevenir y combatir la extorsión contra comercios, sean formales o informales. Esta unidad trabajaría en coordinación con la Fiscalía General de Justicia y realizaría operativos encubiertos en zonas comerciales.
2. Establecimiento de la Policía de Protección Empresarial y Comercial
Similar a la policía turística, se plantea la creación de una fuerza especializada para patrullar corredores comerciales, proteger a emprendedores y vigilar zonas con altos índices de extorsión.
3. Instalación de botones de pánico
Asignar presupuesto suficiente para implementar botones de pánico físicos y digitales en los negocios que lo soliciten.
Estos dispositivos estarán conectados al sistema de atención a emergencias y su colocación responderá a mapas delictivos, denuncias y zonas de alta incidencia.
4. Apoyo económico directo a víctimas
A través de la Secretaría de Desarrollo Económico, otorgar créditos sin intereses a comerciantes que hayan perdido su negocio por extorsión, para posibilitar su reapertura y continuidad.
De acuerdo con Sánchez, los delitos de extorsión “Son más fáciles de perseguir, porque a un negocio siempre llega la misma persona a cobrar el derecho de piso, siempre es el mismo grupo de criminales que van semana tras semana por su cuota”.
Con estas acciones, la iniciativa busca ofrecer protección real a quienes generan empleo y enfrentan el riesgo del delito en la Ciudad de México
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