
Andrea Chávez Treviño, senadora de Morena, manifestó su defensa a los derechos de las infancias tras pronunciarse sobre el caso de Jasiel Giovanny “N”, menor asesinado en Chihuahua. En su intervención, exigió justicia social ante el crimen y solicitó a las autoridades el traslado del imputado a un penal varonil, en sustitución al centro penitenciario femenil donde reside.
Desde el Congreso de la Unión, la legisladora presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente, donde además de exigir justicia por el infanticidio, también demandó a las autoridades estatales para trasladar al victimario al penal correspondiente a su identidad de género.
¿Qué sucedió con Jasiel ‘N’? El menor de 8 años fue reportado como desaparecido la noche del 2 de julio, luego de salir a jugar en un parque ubicado en el fraccionamiento Circuito Maniqueo, al sureste de Chihuahua, y no volver a su hogar.
El 3 de julio, la Fiscalía estatal informó sobre el hallazgo del cuerpo del menor en un terreno próximo al lugar donde se le había visto por última vez. El descubrimiento ocurrió durante los operativos implementados tras su desaparición.
Asimismo, se reportó la detención del padrastro del menor por omisión de cuidados, identificado como Abraham Alejandro F. D., de 24 años. Tras recabarse los elementos suficientes para presentar cargos contra el imputado, se inició un proceso penal como probable responsable de homicidio agravado y calificado.
Andrea Chávez exige justicia en el caso
Actualmente, el presunto infanticida permanece recluido en un centro penitenciario femenil, por lo que la senadora ha solicitado su traslado a un penal varonil, ya que la persona implicada forma parte de la comunidad transgénero.

Chávez Treviño afirmó que, aunque Abraham Alejandro “N” fue registrado con el género femenino al nacer, inició un proceso de transición de género hace varios años, por lo que, en términos legales y sociales, se reconoce como hombre: “En coherencia con su decisión e identidad, debe ser trasladado a un penal varonil”.
La senadora calificó como ‘jurídicamente inadmisible’ la decisión del juez de control para enviar al presunto responsable a un Centro de Reinserción Social femenil. En su argumento, destacó que esta decisión es compleja y riesgosa, puesto que, en dicho penal residen mujeres que cumplen su maternidad durante la reclusión, situación regulada por el artículo 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
“El ingreso de una persona vinculada a proceso por delitos tan graves como infanticidio y violación a un espacio donde habitan niños, aún cuando sea en un contexto de reclusión, no solo contraviene el principio de interés superior de la niñez, sino que puede constituir una omisión institucional grave”, advirtió.
De igual forma, determinó que el homicidio del menor funge como ‘uno de los casos’ de mayor impacto registrados en la entidad. Conforme a lo expedido, el infante habría sido sustraído de su domicilio por su propio padrastro, quien presuntamente lo agredió y le causó heridas mortales.
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