Durante la audiencia realizada ayer en los Juzgados de Control de Almoloya de Juárez, el juez confirmó la medida de prisión preventiva justificada para Selenne Hernández Herrera, ahora alcaldesa con licencia de Capulhuac, Estado de México.
La medida quedó fundamentada en el dictamen de “riesgo procesal” presentado por el Ministerio Público, quien identificó “un poder latente de la imputada para influir sobre la víctima y testigos si se le permitiera la libertad”.
Sobre esa misma línea, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) argumentó que Selenne Hernández representa un peligro de obstrucción a la justicia, dada su autoridad sobre el cuerpo policial y su aparente capacidad para manipular el proceso, así como por incidentes previos durante su aprehensión y en los cuales habría presionado a agentes y ofrecerles sobornos.
El juez aceptó estas razones, destacando que existen elementos suficientes para concretar la medida cautelar y evitó que la alcaldesa ejerciera influencia indebida desde fuera del penal.
Selenne Hernández fue trasladada al Centro Penitenciario “Santiaguito”, en el mismo Almoloya de Juárez, donde permanecerá internada mientras el caso sigue su curso. Además, el juez la suspendió temporalmente del cargo como presidenta municipal, por lo que se nombró a Sara Arellano Hernández como alcaldesa interina.
Finalmente, la audiencia incluyó una duplicidad del lapso de tiempo en el término constitucional —144 horas— para que el Ministerio Público recabe pruebas adicionales y determine si procede continuar con la vinculación a proceso.
Este plazo concluye el próximo 29 de junio; es decir, cuando se decidirá si se confirma la prisión preventiva o se modifica la medida.
Los delitos por agredir a Miriam, psicóloga del DIF Municipal de Capulhuac
La prisión preventiva justificada impuesta obedece a la percepción de riesgo que rodea el caso: “el agente ministerial advirtió de un riesgo procesal latente... podría intimidar a la víctima o los testigos”. Ese potencial para ejercer poder punitivo desde el ejercicio de su cargo fue decisivo para justificar la cautelar.
En su esquema legal, Selenne enfrenta acusaciones por lesiones agravadas (hasta 2 años de prisión) y abuso de autoridad (hasta 9 años), delitos que sumados podrían traducirse en hasta 11 años de prisión, además de su destitución e inhabilitación.
¿Cuáles son los antecedentes del caso?
El origen del caso se remonta al 2 de mayo, cuando la psicóloga Miriam, trabajadora del DIF local de Capulhuac, denunció que fue agredida física y verbalmente por la entonces edil, su hija y una oficial municipal al acusarla de un supuesto “triángulo amoroso”. Hernández Herrera grabó señales consistentes de agresión física, verbal y psicológica, incluyendo amenazas graves como “mutilarte los dedos”.
La denuncia motivó una sesión extraordinaria de Cabildo el 6 de mayo en la que se solicitó al Congreso estatal removerla temporalmente del cargo por una mayoría de regidores.
Por su parte, la FGJEM ejecutó la orden de aprehensión el 24 de junio tras un presunto intento de soborno durante su detención, y al día siguiente fue internada en el penal de Almoloya de Juárez.
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