Vecinos y organizaciones civiles del municipio de Ecatepec, Estado de México, exigieron la intervención urgente de la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar a fondo los expendios de Gas Licuado de Petróleo (LP) pertenecientes al Grupo Flores, los cuales continúan operando pese a haber sido clausurados en repetidas ocasiones por vender gas robado y carecer de condiciones mínimas de seguridad.
Los ciudadanos han señalado que, aunque el gobierno municipal encabezado por la alcaldesa Azucena Cisneros ha clausurado estos puntos de venta hasta en cuatro ocasiones en lo que va del año, los establecimientos reabren al día siguiente, presuntamente con la protección del personal de Protección Civil del Estado de México, cuyo titular, Adrián Hernández Romero, fue señalado por los vecinos de haber sido omiso en las revisiones e incluso de presuntamente recibir sobornos.
“Lo que exigimos es que las autoridades hagan su trabajo. La alcaldesa ya clausuró el lugar varias veces, pero Protección Civil estatal los respalda con permisos dudosos”, denunció Alicia Martínez, representante vecinal de la colonia Granjas Independencia.
La gasera denunciada se ubica en la avenida Moctezuma, casi esquina con Rafael Quezada Ramírez, en dicha colonia.
No cumplen con las medidas de seguridad básica
Vecinos aseguran que la operación del sitio es irregular, ya que despachan gas desde una pipa y no cuentan con instalaciones adecuadas, lo que representa un grave riesgo para la población. Incluso, han documentado que en el lugar se realizan fiestas nocturnas mientras se sigue vendiendo gas sin control alguno.
“Hace dos meses explotó una gasera de esa misma empresa y hubo muertos. La reubicaron sin sanción y ahora operan aquí con total impunidad. ¿Qué esperan las autoridades, una nueva tragedia?”, cuestionó el vecino Juan Ordoñez.
Los colonos demandan la intervención inmediata de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y piden una auditoría independiente a los permisos otorgados por la Dirección de Protección Civil del Estado de México. Aseguran que el olor constante a gas y la cercanía con viviendas representa un peligro inminente para miles de familias.
“Queremos evitar una tragedia. Si algo pasa, los responsables tendrán nombre y apellido”, concluyeron los denunciantes.
Cabe recordar que en febrero pasado, la alcaldesa Azucena Cisneros había declarado que en su localidad se registraban más de 100 gaseras clandestinas, ante ello bajo diversos operativos se clausuraron 15 por violaciones a las normatividades de seguridad.
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